San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) es el principal municipio turístico de la isla de Gran Canaria con enclaves destacados como Playa del Inglés o Maspalomas. Desde hace tiempo, se intenta impulsar un nuevo polo vacacional en la zona conocida como Santa Águeda, en el límite del citado municipio con el de Mogán. Sin embargo, el principal escollo para el desarrollo de la “nueva joya turística grancanaria” son las actividades de una cementera, que llevan años en entredicho y que próximamente podrían terminar.
Y es que, un dictamen elaborado por Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna (Tenerife), y Andrés González, profesor de dicha especialidad en la ULL, concluye que “la continuidad del uso industrial del puerto de Santa Águeda es inviable” porque “resulta disconforme e incompatible con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que prevé para esa infraestructura un destino turístico y, específicamente, un uso náutico-deportivo”.
El dictamen de los expertos incide en que “no cabe prórroga alguna de la concesión con que ha venido funcionando”
Este dictamen, elaborado a petición de la Federación de Empresarios, Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), llega en un momento en que una comisión del Gobierno de Canarias está estudiando el expediente de la cementera, ya que la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) tenía pretensiones de prorrogar su concesión para seguir haciendo uso de este espacio público, algo que entra en conflicto con la pretensión de desarrollar un emplazamiento de gran valor turístico.
Concesión vencida
No obstante, el dictamen elaborado por los expertos en derecho incide en que “no cabe prórroga alguna de la concesión con que ha venido funcionando”. Al tratarse de suelo de titularidad autonómica, Puertos Canarios —ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias— fue la encargada de otorgar la concesión para la explotación de la cementera en 1972, resultando adjudicataria la empresa Ceisa. Una concesión que, según el citado informe, “venció en marzo de 2020, 63 años después de la autorización original”.
La adjudicación de 1972 fue otorgada por un período de 50 años. Posteriormente, el permiso fue modificado en 1985, cuando se amplió el puerto, y se realizó una tercera concesión en 1990. Esta última, de 30 años, es la que tiene que ser tenida en cuenta. Así, el vencimiento se produjo el pasado 9 de marzo de 2020 —y no en noviembre de 2022, tal y como ha defendido Ceisa—.
Muestra su deseo de que se encuentre un nuevo emplazamiento para la cementera, industria "de gran valor para Gran Canaria"
El futuro del enclave
La recomendación de los expertos jurídicos es que “la Administración portuaria viene obligada a recuperar el puerto y decidir el modo de gestionarlo, bien de forma directa, bien convocando una nueva licitación pública”. En este sentido, cabe recordar que el plan del Cabildo de Gran Canaria y de los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán es desarrollar un puerto deportivo que cuente con entre 500 y 1.000 amarres con tal de complementar la oferta hotelera planificada en la zona.
Nicolás Villalobos, director general de beCordial Hotels & Resorts, que cuenta en esta zona con el Resort Cordial Santa Águeda, se muestra satisfecho con el informe de los expertos de la ULL. “El dictamen jurídico confirma lo que siempre hemos sostenido, mantenido y entendido, que la concesión de la cementera sobre el Puerto del Pajar, ya está vencida desde marzo de 2020”.
Explica a Tourinews que el Plan Insular de Ordenación, vigente desde 2003, “deja clarísimo que, al vencimiento de la concesión, el uso debe pasar a deportivo-náutico para acompañar la especialización de toda esa pieza de El Pajar al uso turístico”. Sin embargo, también muestra su deseo de que se encuentre un nuevo emplazamiento para la cementera, industria a la que califica como "de gran importancia y valor para Gran Canaria". Propone una ubicación como el Polígono Industrial de Arinaga “donde las externalidades de esta industria pesada no expulsen a nuestra principal fuente de riqueza, el turismo”.