El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales del Reino Unido —PCS, por sus siglas en inglés— ha anunciado que más de mil funcionarios de las Oficinas de Pasaporte irán a la huelga durante cinco semanas. Esta situación pone en peligro la entrega de nuevos documentos a muchos turistas, que verían truncadas sus intenciones vacacionales este verano.
Según ha informado PCS, los trabajadores de los centros ubicados en las ciudades inglesas de Londres, Liverpool, Durham y Southport; en Glasgow (Escocia) y en Newport (Gales) cesarán en su actividad desde el 3 de abril hasta el 5 de mayo. Además, a este paro se podrían unir también los funcionarios de la oficina de Irlanda del Norte este viernes, una vez obtengan los resultados de la votación.
Esta prolongada huelga es el resultado de la larga disputa que mantienen los trabajadores públicos con el Gobierno británico, al que le reclaman mejores condiciones en salarios, pensiones, despidos y seguridad laboral.
Mark Serwotka, secretario general de PCS | Foto: vía Twitter (@ReelectSerwotka)
“Esta huelga se ha producido porque, en marcado contraste con otras partes del sector público, los ministros no han mantenido un diálogo con nosotros, a pesar de dos huelgas masivas y acciones específicas y sostenidas durante los últimos seis meses”, ha explicado Mark Serwotka, secretario general de PCS, en un comunicado oficial.
Es un escándalo nacional y una mancha en la reputación de este Gobierno que tantos de sus propios trabajadores vivan en la pobreza", denuncian desde PCS
Serwotka critica que la postura del Gobierno es “una prueba más de que están tratando a sus propios trabajadores peor que a cualquier otra persona”. Y es que desde PCS alegan que han tenido seis meses para dialogar con ellos y llegar a un acuerdo, pero la postura estatal siempre ha sido la de negarse a llevar a cabo un aumento salarial del 2% y a atender otras demandas de los trabajadores.
El representante de los funcionarios se pregunta como cómo pueden los trabajadores pasar por alto la crisis del incremento de costes, cuando “40.000 empleados públicos acuden a los bancos de alimentos”. “Es un escándalo nacional y una mancha en la reputación de este Gobierno que tantos de sus propios trabajadores vivan en la pobreza”, concluye Serwotka.
