Ryanair se encuentra actualmente ante una complicadísima situación debido a la disputa abierta con sus tripulantes de cabina, que solicitan la aplicación de la legislación española en materia laboral, así como una mejora salarial. Ante la negativa de la aerolínea, los sindicatos USO y SITCPLA han emitido un comunicado conjunto en el que convocan huelgas semanales durante los próximos cinco meses. Los paros tendrán lugar de forma semanal entre el próximo 8 de agosto y el 7 de enero de 2023, de lunes a jueves —ambos inclusive— y tendrán una duración de 24 horas cada día.
La justificación aducida por los representantes de los trabajadores es que "Ryanair no ha mostrado el más mínimo intento de acercamiento con los sindicatos sino, al contrario, ha manifestado públicamente su negativa a entablar cualquier diálogo con los representantes elegidos por sus tripulantes".
Asimismo, USO y SITCPLA exigen “la readmisión inmediata de los 11 trabajadores despedidos" durante las anteriores convocatorias de huelga de los meses de junio y julio, así como la paralización y archivo de todos los expedientes sancionadores abiertos a aproximadamente unos 100 trabajadores por el mismo motivo.
Avión de Ryanair | Foto: Archivo
No aplica la legislación española
La problemática viene derivada de que la low cost irlandesa no tiene representación legal en España y, aunque en 2019 firmó un acuerdo en el que reconocía a USO y SITCPLA como sindicatos representativos de sus tripulantes de cabina, actualmente se niega a negociar con ellos.
Por todo ello, la principal reivindicación de los trabajadores es que la compañía aplique los mínimos estatutarios de la legislación española en materia laboral y sindical a todos los tripulantes de cabina que prestan sus servicios en los aviones de Ryanair y en sus diez bases españolas.
"Esto se traduce en la aplicación de los derechos laborales básicos, que no pueden suponer objeto de negociación, tales como 22 días laborables de vacaciones anuales; 14 festivos legalmente establecidos; cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales; concesión de los derechos de guarda legal, concreción y reducción de jornada; el abono de los niveles salariales previos a pandemia, tal y como la Audiencia Nacional ya falló en su sentencia; fin de la contratación de trabajadores a través de cesión ilegal de empleados, también condenado por la Audiencia Nacional; y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a huelga por parte de los trabajadores", reza el comunicado sindical.
