A pesar de que los espectáculos taurinos están prohibidos en Canarias desde 1991, tomo la alternativa que nos brinda en su artículo reciente Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hoteles, para aclarar algunos aspectos que desde Ashotel, “una de las patronales de hoteleros”, consideramos incorrectos en algunas de sus afirmaciones relacionadas con el alquiler vacacional. El señor Villalobos usa una metáfora taurina para asegurar que esa patronal, −¡aquí presente!, nos puede citar sin problemas− ha pedido al Gobierno de Canarias, al que califica de “subalterno” nuestro, que le retire del ruedo “el toro de la competencia para seguir disfrutando sin riesgo ni esfuerzo (¿perdón?) de una vida privilegiada y cómoda”.
Nos sorprende y halaga el grado de influencia gubernamental que algunos nos atribuyen. Ojalá fuera cierto, pero no lo es. El Gobierno de Canarias defiende, según nos explicó a todas las patronales hoteleras del Archipiélago, que la decisión de desarrollar o no el alquiler vacacional debe quedar en manos de los cabildos y los ayuntamientos, una postura que nosotros compartimos. De esta forma, los que defendemos un modelo turístico de éxito en nuestra provincia, porque así lo demuestran los principales indicadores turísticos, queremos seguir defendiendo que así sea, sin imposiciones ‘libertinas’ y con regulaciones. Los toros sueltos por la calle acaban por empitonar a alguien, normalmente al más desprotegido. Por eso venimos diciendo desde hace ya dos años que el alquiler vacacional no es un cheque en blanco ni ‘un todo vale’. Debe coexistir en nuestras islas, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos mínimos que lamentablemente hoy no se cumplen mayoritariamente (así lo contábamos en nuestro anterior artículo).
Asegura también el señor Villalobos en su artículo, de título ‘Dejarme solo’, que ‘aquí la patronal’ forzó hace tres lustros “una moratoria para cerrar la puerta a nuevos hoteles”, porque se comprometía “el cacho de la tarta del turismo de Canarias”. Vaya, yo que soy poco de tartas, me sorprende sobremanera que el director general de un grupo hotelero se lance sin protección al ruedo para defender encarnizadamente un producto extrahotelero en el que, que sepamos, por ahora, no tiene negocio. Lo entenderíamos si se erigiera en defensor de los intereses empresariales de todo el sector turístico de la provincia de Las Palmas.
Dicho esto, y siguiendo el argumentario de su artículo, es bueno recordar que el decreto de moratoria (126/2001) que paralizó el otorgamiento de autorizaciones turísticas previas, así como la posterior Ley de Directrices (19/2003), se aprobaron bajo el Gobierno presidido por el grancanario Román Rodríguez, poco sospechoso de ser “súbdito” de Ashotel, en el seno de un equipo en el que el lanzaroteño Juan Carlos Becerra ocupaba la Consejería de Turismo.
Pero volviendo a nuestro modelo de éxito, nos preguntamos desde hace algún tiempo en qué epígrafe de la Seguridad Social computan los trabajadores contratados en esas viviendas de alquiler vacacional, qué impuestos pagan, con qué rentas contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar… Dudo mucho de que esta actividad turística vaya a acabar con el paro de esta región, como usted deja entrever en su artículo. Sabe de sobra que la actividad hotelera que denominamos tradicional, y que es a la que representa Ashotel en esta provincia, sí tiene cifras: de entrada, sabemos que solo los establecimientos hoteleros de Tenerife han creado más de 3.500 empleos entre 2013 y 2017, una cifra que crece hasta los 12.200 si hablamos de toda Canarias. Los datos son del Istac, son públicos, puede consultarlos cuando quiera.
Desde Ashotel no imponemos modelos a nadie, lo que hacemos es defender el nuestro a capa y espada. No vamos a permitir que nos echen encima el capote de que nos oponemos al crecimiento de la competencia, nada más lejos de la realidad, pero la competencia, como usted la llama, señor Villalobos, debe jugar con las mismas cartas que todos los que llevamos años dedicándonos a esta actividad, regulada con más de 67 normas en nuestro Archipiélago. Y esto no significa que deban cumplir las mismas 67 normas, no lo simplifique de esa forma tan interesada, pero sí deben cumplir algunas relacionadas con la seguridad o las mínimas condiciones de habitabilidad.
Pensaba pasar por alto el adjetivo de “oligarca” con el que califica a quien suscribe este artículo, pero resulta gracioso comprobar cómo algunos hoteleros son los que están comprando suelo residencial en zona turística de Gran Canaria para convertirlo en ‘pseudohoteles’, privando del derecho a la vivienda a los propios trabajadores con empleos en esas zonas. Tampoco creo que muchos canarios puedan permitirse el lujo de comprar segundas residencias para destinarlas a alquiler vacacional, no traten de engañarnos.
Entiendo que usted habla como hotelero, en total libertad para defender sus intereses particulares; yo lo hago como presidente de Ashotel, la patronal hotelera de la provincia tinerfeña, que representa a más de 240 establecimientos y casi 94.000 camas. Saltaré a ese ‘ruedo’ para defender siempre los intereses del colectivo al que represento. Ya veremos a quién pilla antes el toro.
