Los parches se suceden, uno tras otro, mientras la inseguridad de viajeros, residentes y trabajadores campa ya libremente por nuestras islas. Bienvenida la libre circulación de visitantes en tránsito entre islas, a los que se alojan en segundas residencias o en casas de familiares o amigos sin el menor control sanitario en puertos y aeropuertos.
Llevamos esperando más de 6 meses, proponiendo, sumando y aportando recomendaciones para la reactivación del turismo en Canarias para ver con impotencia (eso sí, publicado en el BOC) las medidas que figuran en un Decreto anti Covid-19.
Para colmo, llegados a este punto y una vez habiendo informado debidamente a todos nuestros viajeros de las pruebas de infección activa válidas (PCR o prueba de antígenos), según la normativa, en el proceso de admisión y acceso a los alojamientos turísticos, ahora la Autoridad Sanitaria se contradice y rechaza los test rápidos de antígenos. ¡Menuda imagen estamos dando!
Por si resultaba insuficiente que la responsabilidad sanitaria tuviera que recaer en ciudadanos de a pie o pequeños gestores locales, ahora además se suman las singularidades sanitarias de nuestros principales países emisores, a los cuales también hacemos oídos sordos.
¿A qué jugamos? ¿A recuperar el Turismo a cualquier precio y de cualquier manera o a reactivarlo de manera sostenible? Reina la inseguridad de no saber si abriendo hoy, tenemos que volver a cerrar mañana.
Pérdidas, temor e incertidumbre son palabras en boca de todos los propietarios y gestores de viviendas vacacionales que no son escuchados.
Entretanto, contemplamos una vez más y con asombro, cómo la patronal hotelera se atribuye la representatividad de las viviendas vacacionales y sigue siendo el único interlocutor con el Gobierno de Canarias, que ASCAV como la única Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que existe en el Archipiélago, no reconoce. Asombroso es, que el Gobierno de Canarias sea cómplice de esta situación y no reciba ni consulte a un colectivo que representa nada más ni nada menos que el 25% de las camas turísticas de las islas.
Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV)
Como resultado, valgan los siguientes ejemplos de situaciones que se generan con este nuevo Decreto anti Covid-19 turístico:
- Un viajero que reserva 12 días en 3 viviendas distintas de un mismo propietario (caso real), debe presentar un test negativo de Covid-19 ante cada cambio. Es decir, que el pasar 72 horas entre el momento en que se hizo la prueba y menos de 15 días de estancia acumulada en las islas, casi le saldrán más caras las pruebas que la estancia.
- Al carecer de recepción, se tiene que “empapelar” la fachada de la vivienda vacacional (VV) con 5 carteles iguales en diferentes idiomas, para que el turista conozca las condiciones de acceso a la VV, a pesar de haber sido informado telemáticamente.
- En caso que el cliente no disponga de certificado negativo a la llegada a la VV, tiene que quedar confinado 24 horas y solo salir a recoger el resultado. No puede abastecerse de comida y bebida durante estas 24 horas y el propietario tiene que asegurarse que así sea. Para eso, se le atribuye toda responsabilidad. ¿Se ha tenido eso en cuenta? Evidentemente, si se cumpliese, se habría ganado un cliente de por vida.
- La normativa resulta contraria a las recomendaciones anti covid-19 del Ministerio de Sanidad con relación al mínimo contacto físico con los visitantes. Para cumplir con dichas recomendaciones, llevamos meses invirtiendo (sin recursos) para adaptarnos tecnológicamente y minimizar las relaciones interpersonales, pero ahora la llegada ha de hacerse de manera presencial para el control y aceptación de las condiciones de acceso. Cabe resaltar, que las subvenciones para que los pequeños gestores locales puedan adaptarse, no han llegado a materializarse aún.
Vaya por delante, que los propietarios de viviendas vacacionales son mayoritariamente familias particulares, que pagan sus hipotecas y gastos, que para muchas supone su única fuente de ingresos. Además, no tienen derecho a ninguna subvención o ayuda.
Una vez más, ha nacido una normativa sin contemplar las singularidades y distintas realidades del 25% de las camas turísticas del Archipiélago. Además, un sector, que en estos tiempos de Covid-19, está resultando a nuestros viajeros cada vez más atractivo, por la seguridad, la privacidad y confianza que representa. En especial, casas, fincas y chalets independientes se están viendo reforzadas y no lo dice ASCAV, sino cualquier experto en turismo internacional.
¿Quién tiene en cuenta nuestras inquietudes AHORA tras la aprobación de la normativa y las dificultades que supone la aplicación de una norma, desde nuestra perspectiva, insuficiente, poco realista y poco eficiente para nuestro sector?
En el día de ayer, además, leemos la noticia que los cabildos ahora también quieren tomar cartas en el asunto y que fijan un plazo de tiempo para definir una operativa clara del Decreto Ley que defina cuestiones esenciales como qué tipo de prueba diagnóstica se ha de realizar (cuando ya se ha determinado que no se autorizan los test de antígenos), el perfil profesional de quienes la harán, cuáles serán los establecimientos autorizados, cómo se va a contemplar a los visitantes nacionales y los residentes canarios, etc.
Nuestra voluntad es ser partícipes y acatar una norma que genere tranquilidad y confianza, de la que sentirnos plenamente integrados y corresponsables, pero con esta y todas las confusiones que está generando resulta tan complicado como desmotivante.
Esta es la triste imagen que estamos proyectando…
*Doris Borrego es presidenta del Círculo Turístico de Canarias y de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV).
