Hace 50 años, el profesor de la Universidad de Toronto George Victor Doxey estudió el comportamiento de las poblaciones locales frente al turismo.
Con la llegada de los primeros turistas hay euforia por los posibles beneficios que van a aportar. Luego se van familiarizando con ellos. Cuando llegan demasiados, los equilibrios pactados tácitamente se debilitan. Aparece la irritación que, al cabo del tiempo, se puede convertir en rechazo. En esta última fase es cuando surge la turismofobia. Ese comportamiento se mide con el índice de irritabilidad turística.
En Canarias ese índice se ha disparado, como ha quedado claro con las manifestaciones del pasado 20 de abril. Todavía no estamos en la fase del rechazo, pero se llegará pronto si las autoridades no toman las medidas necesarias: paralización de nuevos proyectos, imposición de tasas turísticas y construcción de vivienda social en régimen de alquiler.
La historia del turismo canario es la historia de un éxito. Los desarrollos inmobiliarios y hoteleros en el sur de las dos grandes islas primero, y en Lanzarote y Fuerteventura después, generaron una nueva fuente de riqueza. La climatología permite su uso durante todo el año rompiendo la estacionalidad clásica del turismo español. En el lado negativo, la construcción de horrorosos bloques de apartamentos afeó irremediablemente el paisaje de muchas zonas.
El crecimiento ordenado —el turismo siempre crece— ofreció también trabajo a la población local e ingresos fiscales a las administraciones.
La explosión de las compañías aéreas de bajo coste y la aparición de plataformas tecnológicas que pusieron en el mercado decenas de miles de viviendas de uso turístico han desordenado el ritmo y provocado numerosos problemas. Las autoridades canarias mantuvieron durante años una moratoria hotelera para proteger a los que ya estaban instalados y ahora pretenden legislar sobre ese mercado nuevo. La moratoria fue efectiva y puede que la nueva ley también lo sea, pero corresponden a etapas ya pasadas.
Hace ya tiempo que en varias islas se ha superado la capacidad de carga del sistema y los perjuicios empiezan a percibirse como superiores a los beneficios En conjunto, el turismo representa un tercio del PIB y el 40% del empleo, lo que convierte a Canarias en la comunidad autónoma que más depende de esta actividad. La mayor de las islas y la que más turistas e inmigrantes legales acoge, Tenerife, afronta problemas de difícil solución. Es una isla pequeña, casi la mitad de Mallorca, pero tiene más de un millón de habitantes y recibe 6,5 millones de turistas anuales. Una orografía complicada limita los espacios habitables y dificulta la construcción o ampliación de las vías de comunicación, imprescindibles, puesto que la población local reside en el norte y la actividad turística se desarrolla en el sur.
Fachada de un inmueble en Canarias con el cartel de vivienda vacacional.
Las construcciones turísticas han expulsado a la agricultura de su espacio tradicional, la pesca se enfrenta a numerosos problemas y la población local y la industria turística se oponen a la explotación del posible petróleo o a extracciones minerales.
Todo gira en torno al turismo. No hay cambio de modelo posible. Es imprescindible que sea sostenible.
En el primer trimestre de este año ha crecido un 12,4% a pesar de un contexto internacional difícil. El encarecimiento de los billetes aéreos y del alojamiento y la difícil situación económica en Gran Bretaña y Alemania —los países que más turistas mandan— influyen menos en la decisión de viajar que el deseo de disfrutar. Los alojamientos más caros son los que primero se venden.
El lobby de las principales empresas del sector, Exceltur, se pregunta en su informe de abril si es deseable un crecimiento tan rápido en referencia al conjunto de España. La respuesta es no.
En Canarias los índices de paro y de pobreza son de los más altos del país. Es imposible conseguir una vivienda en alquiler a precios razonables. Hay muchos puestos de trabajo sin cubrir porque no hay alojamiento cerca, los salarios son bajos o el transporte al lugar de trabajo es lento.
Las autoridades han reconocido que tienen un problema y ya empiezan a estudiar remedios. La gente se lo ha recordado el 20 de abril. Exigen que se controlen los flujos turísticos. Hay diversas maneras de hacerlo y muchos destinos ya han tomado medidas. El instrumento más utilizado internacionalmente es el de la política fiscal: las tasas turísticas que, aunque no tienen efectos disuasorios, generan ingresos para los municipios afectados. Llevan décadas implantadas en todo el mundo.
Cuantos más turistas se alojan o visitan un municipio, mayores son las necesidades de servicios públicos. Los ingresos municipales proceden de transferencias y de ingresos propios por tasas y licencias. La más importante es el IBI, que pagan los propietarios de viviendas, mayoritariamente residentes. Esos incrementos de los servicios públicos se pueden pagar con ingresos procedentes de los bolsillos de los residentes o con nuevas tasas que pagarían los turistas, que son los que han generado esa necesidad. Somos el único país turístico del mundo, con la excepción parcial de Cataluña y Baleares, que ha optado por hacer pagar a los residentes los gastos generados por los visitantes.
*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).
