Y, en medio de la calma de los máximos de afluencia turística, estalló la tormenta: el triple choque en la gran ciudad turística del Sur de Gran Canaria. La Gran Colisión, que tantas energías y tensiones está desatando, se ha producido en torno a tres frentes:

• El de la ordenación territorial, que hace tiempo que dejó atrás su lógica utilidad protectora de mínimos para adentrarse en la ininteligible instrumentación paralizadora en manos de los mandarines de sus habilidades.
• El de un planeamiento urbanístico que, con su caja de herramientas anquilosada o nutrida de rígidas e ignotas arbitrariedades, perdió por el camino su alma de servir a la ciudadanía en sus cambiantes modos de organización social del espacio en natural y sano conflicto.
• Por último, la guinda de la regulación de los alojamientos turísticos. Ya en su día con la llamada Ley de Renovación y más recientemente con el Decreto del Reglamento de Viviendas Vacacionales 2015, el Gobierno de Canarias ha llevado a sus perpetradores al Everest de la pretensión de erigirse en los expertos de cómo deben organizarse con minucioso y rígido detalle las nuevas formas en que oferentes y demandantes, sin su permiso a nivel mundial, están desarrollando en distintos modelos de calidad-servicio-experiencia y precio en el encuentro entre anfitriones y huéspedes.

Este triple choque es la consecuencia esperada entre la inercia de los planificadores públicos en su miopía y/o soberbia manifiesta, así como la de aquellos agentes económicos que esperan que el sol salga todas las mañanas, y la emergente realidad de una industria turística global que, con sus actores más innovadores, grandes o pequeños, consolidados o nuevos entrantes, acelera sus impactos socio-ambientales y se expande sin esperar a que los obligados a ello terminen de comprender sus compleja dinámica.

Vayamos por partes en la discusión sobre si la ciudad turística debe admitir, excluir, integrar, segregar o, como hasta ahora, ignorar las realidades de los distintos tipos de residentes, así como los usos de los contenedores y espacios en ella dispuestos o susceptibles de ser renovados, transformados, reciclados o erradicados. A nuestro humilde modo de ver, el problema en origen no es sin más el del uso del suelo, sino el del flujo de valor esperado que puede desarrollarse en el mismo.

El ya reconocido papel histórico, social y diferencial en su éxito económico aceptado por los mercados turísticos de origen que ha supuesto en el Sur de Gran Canaria el extrahotelero se encuentra en un proceso de cambio hacia distintos, nuevos o modificados formatos de oferta. Este proceso requiere de un apoyo en su transición, no de dinamita. Este apoyo deberá contribuir a la diferenciación clara de sus productos, a la distribución de las rentas que genera y a fortaler su dimensión de modernizado tejido empresarial en cualquiera de sus formas, frente a la meramente -aunque legal y legítima desde el punto de vista individual- patrimonial/rentista.

Es incontestable que la residencialización permanente, ya fuera de control, genera unas externalidades negativas para la imagen y competitividad del microdestino, pero al ser una realidad consolidada no debe ser cambiada a base exclusivamente de leyes ciegas y sordas. Son los incentivos y presiones bien diseñados, socialmente aceptables y enmarcados en un dialogo estratégico, abierto y transversal, con agenda límite pactada y hoja de ruta de acciones concertadas entre los actores interesados y los agentes de la industria, los que pueden alcanzar el impacto positivo deseado.

La residencialización en la ciudad turística del Sur se ha ido consolidando fundamentalmente, entre otros factores y con mucha casuística particular, por el decreciente valor del inmueble en el ciclo de madurez-declive del producto turístico. Al bajar las rentas percibidas, han ido saliendo las unidades de la explotación conjunta, para hacer caja lo más rápidamente posible en un ?sálvese quien pueda?. Si un suelo turístico fuera fértil y caro, residir en él sería de un valor muy apreciable, traducible en un precio de alquiler extraordinariamente alto, que pocas personas se podrían permitir. Este reducido volumen de personas no sería, en ningún caso, cantidad suficiente como para considerar sus efectos de externalidades negativas.

La utilización casi exclusiva y continuada de argumentos legales para suplir carencias de incomprensión e inadaptación a las señales y demandas del mercado solo alargará la agonía de esa ineludible transición. Por el camino, con el aumento de la conflictividad jurídica y la parálisis de instituciones y operadores económicos, perdemos todos.

Como ya ha sido recogido en otros excelentes artículos publicados en prensa recientemente sobre este tema, la pérdida de competitividad del extrahotelero puede datarse en los años 2000, pero subsiste todavía un importante tejido rentista no renovado. En una tendencia generalizada de cambio en la demanda hacia modelos de más servicio, impulsados por la intermediación exclusiva de la touroperación imperante en la década pasada, los extrahoteleros que se han ido adaptando y funcionando bien se parecen más a variantes de modalidad hotelera.

Fernando Sáenz-Marrero. Socio-director EDEI Consultores

Edu William. Empresario Extrahotelero

Profesores de Marketing de ULPGC