Desde que comenzó la discusión sobre las tasas turísticas —en realidad impuestos—, los empresarios, sus asociaciones y con ellos la oposición al Gobierno, se opusieron a las mismas. El argumento que se utilizaba entonces era que provocaban la disminución de visitantes y en consecuencia generaban unas pérdidas superiores a los ingresos que se pudieran conseguir.

En España, se implantó en el año 2001 en Baleares. Fue un momento inapropiado debido a la negativa coyuntura turística internacional. Inevitablemente, el año 2002 no fue positivo y los empresarios y la oposición culparon a la “ecotasa”, como la llamaban entonces. El PP ganó las elecciones el siguiente año y la suprimió. Se reimplantó con el Gobierno de izquierdas en 2015. El actual gobierno conservador la mantiene, con un nombre y unos objetivos ligeramente diferentes. En el resto de España, tan solo se introdujo en Cataluña, sin alboroto político. Se aprobó en la Comunidad Valenciana, pero el nuevo gobierno del PP la canceló antes de que se pusiera en marcha.

En la segunda década de este siglo, los think tanks del empresariado seguían defendiendo la tesis de los efectos negativos. En el año 2018, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quizás el lobby empresarial más potente de este sector, publicó un documento titulado: ‘Políticas de tasas más inteligentes y justas’. En él insistía sobre el freno a la demanda que suponían y, en consecuencia, la disminución de ingresos para las administraciones.

Para evitar que esto ocurriera, el WTTC marcó unos principios que, si se siguen, permitirían unos mayores ingresos dentro de una economía competitiva tanto a nivel local como nacional. 

Cree la WTTC que las administraciones se aprovechan de que los turistas cuentan con altos ingresos y además no votan, por lo que pueden ser exprimidos sin consecuencias políticas.

Para este lobby, los negocios turísticos y otros dependientes, ya pagan todo tipo de impuestos y emplean a personal local que también los paga.

Como ejemplo de las consecuencias negativas, indica el documento que, en el año 2002, Baleares ingresó solo 12 millones de euros por una tasa turística que motivó una caída del turismo internacional, sin mencionar que lo mismo había ocurrido en otros lugares que no habían implantado nuevos impuestos.

En el año 2015, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, mantenía que las tasas significaban pérdida de visitantes. Desde entones, el número de estos no ha parado de subir, a pesar del parón del covid. El problema ya no es la caída, sino el aumento desmesurado de turistas. Nadie ha dicho que la culpa sea de las tasas.

Las reacciones de las poblaciones locales en Baleares, Canarias y Barcelona contra la saturación han generado divisiones en el frente opuesto a las tasas. Unos, como Exceltur reconocen que son “duras, pero necesarias” para mitigar algunos efectos negativos, mientras que otros como el presidente de la Mesa del Turismo afirman que lo que demuestran las cifras es que las tasas no tienen efecto disuasorio y en consecuencia son inútiles, destrozando toda la argumentación anterior.

Parece que, efectivamente, en su nivel actual las tasas no son disuasorias, por modestas. ¿A quién le importa pagar 4 euros más por una noche en Barcelona? 

En el mercado europeo de sol y playa, la mayor parte de los productos son intercambiables, commodities, en cuyo caso el precio se convierte en un factor decisivo, por lo que, si se quiere reducir o controlar el número de visitantes, incrementar el coste de las vacaciones puede resultar efectivo. Eso no funciona para los destinos únicos como París, Barcelona o Nueva York, que cuanto más caros más apreciados son por la exclusividad que desean los ricos, pero quizás con una fuerte subida de las actuales tasas podríamos averiguar algo más.

El experimento ya está en marcha en Ámsterdam con la nueva tasa del 12,5% en las pernoctaciones, que resulta en casi 22 euros por noche de media. En Italia, el gobierno de Meloni ha anunciado un aumento de hasta 25 euros por noche en los hoteles más caros, al tiempo que autorizaría a todos los municipios a implantarlas. Como dice The Economist, habrá que esperar a ver si se modera el tráfico de pasajeros, pero de momento los ayuntamientos dispondrían de mayores recursos, para mejorar sus infraestructuras y posicionarse mejor.

Parece que la WTTC no cree en sus propias predicciones. Acaba de publicar un nuevo documento en el que asegura que el turismo en España crecerá en los próximos años el doble que el conjunto de la economía y que en 10 años representará el 17% del PIB. Lo mismo creen las compañías aéreas que están incrementando sus solicitudes de slots o el nuevo Gobierno catalán que quiere avanzar en la ampliación del Prat.

Todos guardan silencio sobre el IVA reducido a los servicios turísticos.

 

 

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)