El comprensible enfado del Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Joan Molas, con la Comisión Nacional del Mercado y los Valores (CNMV) nos recuerda la necesidad de revisar nuestras estadísticas de turismo para tratar de obtener una información más adecuada a la nueva realidad.
Molas, que califica la actuación de la CNMV de “vergonzante y grotesca”, se queja de la oposición de esta a la norma de Hacienda que obliga a Airbnb y empresas similares a identificar a inquilinos y caseros a efectos fiscales y a otras normas, tanto de ámbito nacional como autonómico, que quieren controlar la actuación de ese segmento de mercado.
El presidente señala que el 26% de nuestros turistas pernoctan en alojamientos no reglados, es decir, más de veinte millones el año pasado. Es decir, una cifra similar a la que se obtiene al sumar los datos de Frontur que hacen referencia a los viajeros (10 millones) que usan viviendas en régimen de alquiler, pagando; los que aseguran que se alojan en casas de amigos y familiares (otros 10 millones), que lo hacen de forma gratuita; y un millón y medio de visitantes que, según el INE, se alojan fuera del circuito comercial, pero no se sabe dónde.
A primera vista, si creemos al INE, parece que exagera; pero las cifras del World Travel Monitor de la consultora alemana IPK -en mi opinión más ajustadas a la realidad- parecen más próximas a su tesis. Los datos del INE subestimarían las estancias pagadas en casas de vacaciones y sobreestimarían las estancias con amigos y familiares. Y con razón, puesto que es difícil creer que más de diez millones de turistas vienen, según declaran en la encuesta, a casas de amigos y familiares sin pagar un duro en vez de decir la verdad: que la mayoría ha pagado el alojamiento en su país, sin declararlo ni aquí ni allí, o van a pagarlo en destino sin querer informar de la transacción.
Molas tiene razón al exigir condiciones fiscales y regulatorias, en ciertas áreas, iguales para hoteles y alojamientos de otro tipo, y no debería limitarse al ataque a la CNMV, sino señalar que también es vergonzante y grotesco que el alojamiento vacacional de millones de turistas durante sus vacaciones se pague en origen sin que el fisco español se entere.
Es cierto que algunos destinos están intentando controlar la actividad de esas viviendas, pero es necesario que la Administración Central se ponga de acuerdo con las autoridades fiscales de los principales países europeos emisores hacia España para un mayor control de esas transacciones, aun cuando gran parte de esos ingresos quedaran en manos de ellos.
Y desde luego, el INE tiene que ponerse las pilas respecto a Frontur. Es imposible que el 21% de nuestros turistas (16 millones) no paguen por su alojamiento durante las vacaciones en España, casi el doble de lo que indica el WTM.
