Las asociaciones empresariales relacionadas con el turismo, los partidos de la oposición y los medios afines a ambos, acusan al Gobierno de desentenderse de un sector clave para la economía española, como ha quedado patente durante la celebración de FITUR.

Desde el origen de la pandemia la principal acusación es la de la escasez de ayudas y su reparto. En su reciente informe, el lobby que representa a las grandes empresas —en el que recoge unos resultados del año pasado en el que hay una caída de ingresos casi a la mitad del 2019 y que el 2022 aún estará un 20% por debajo—, señala la ausencia de ayudas directas y la distribución extensiva y regionalizada de los escasos fondos "next generation" —3.400 millones para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el sector—, en vez de concentrarlos en destinos maduros de costa en los que se agrupa el turismo extranjero y donde mayor presencia tienen los socios del lobby.
 

Al día siguiente de la publicación del informe (14 de enero), el experto económico de El País Jose Carlos Díaz publicaba en ese medio un artículo en el que recordaba los datos de la cuenta satélite —el turismo es el único sector que cuenta con ese instrumento— que indican la caída del 12,5% al 5,5% de aportación al PIB del 2019 al 2020, pero tan solo del 13 al 12% en empleo —sobre una base de 2.7 millones de empleados—. Esa contradicción se debe a la cobertura de los ERTE durante ese año y es que en algún momento llegaron a estar cubiertos 1 millón de empleados del sector turístico, sobre un total de 3,7 millones y un coste total que ya ha superado los 40.000 millones de euros. Al comenzar el año, 50.000 empleados turísticos seguían acogidos a los ERTEs, incluidos el 30% de los empleados de agencias de viajes.

Sin estas ayudas, prosigue Díaz, miles de empresas tendrían que haber ido al concurso de acreedores y el aumento de impagos hubiera afectado a otros sectores como el bancario y aumentado el déficit público al haber tenido que pagar el Estado el coste de los despidos a través del FOGASA. Además, el Estado, a través del ICO, ha avalado 20.000 millones a unas 130.000 empresas del sector.

En la inauguración FITUR, la ministra del ramo, Reyes Maroto, valoraba en 52.000 millones de euros todas las ayudas al turismo en los dos últimos años.
 

Para terminar, además de señalar que la recuperación turística es un hecho, el analista indica que es incomprensible que Exceltur acuse al Gobierno de no ayudar al sector y termina asegurando que las empresas tienen que decidir si volver al modelo sol y playa todo incluido o a menos turistas y más gasto. Pero resulta que una gran parte del sector, especialmente las empresas (hoteleras) incluidas en Exceltur hace ya tiempo que caminan por la senda correcta tras las consiguientes inversiones. El modelo de turismo barato a través de turoperador supone hoy menos de un tercio del total.

Exceltur es el lobby más eficaz, el que cuenta con el mejor servicio de estudios y el que comunica más alto. La facturación de sus empresas en España y el número de personas contratadas por ellas representan el mayor número de empresas (250.000) —muchas ahora desaparecidas— se concentra en la llamada HORECA: hostelería, restauración y cafeterías, que daba empleo en el 19 a 1.200 000 personas y cuyos miembros están repartidos por toda la geografía nacional y no concentrados en la costa. Su aportación al PIB turístico es superior al 40%

Hay una contradicción entre los datos turísticos ofrecidos por la cuenta satélite, que incluyen la facturación de un bar en una remota aldea de Ourense donde jamás han visto un turista y a las empresas que percibimos como turísticas que son las que gestionan establecimientos dedicados al alojamiento: hoteles, hostales, pensiones; agencias de viajes, las dedicadas al transporte aéreo, terrestre y marítimo, al alquiler de coche y algunas más. La facturación global y el número de empleados de todas ellas en España no llega al 40% del total del PIB turístico publicado.

Por otro lado, las ayudas directas son una mínima parte de las inversiones del Estado que permiten un eficiente funcionamiento del sector. La inversión en promoción turística de los diferentes organismos nacionales, regionales y locales, con dinero público, puede que no sea alta, pero si lo es el mantenimiento y construcción de todo tipo de infraestructuras.

Unos días antes de la presentación de resultados se inauguró el AVE a Galicia con una inversión de 11.000 millones de euros – para llegar a un gasto total superior a los 55.000 millones—. La mayor red de Europa, pero deficitaria. La llegada del AVE a Ourense mereció artículos en los más influyentes medios – una página en “The Economist”- Claro que no es una inversión directa en turismo, pero le favorece directamente. Lo mismo vale para el conjunto de las infraestructuras, la magnífica red de autopistas y autovías, los 48 aeropuertos comerciales, aunque se financien con las tasas, el cuidado de las playas por parte de los municipios o la subvención de 118 millones a los viajes del Imserso, y la asignación directa al turismo  en los presupuestos generales del estado, entre otras.

Por supuesto se puede argumentar que una cosa es el Estado y otra el Gobierno, lo que es cierto, pero la actuación del Estado es la consecuencia de las decisiones de los diferentes y sucesivos gobiernos, y en lo que se refiere al actual Gobierno de España en poco se diferencia su actuación en este campo de los que le precedieron.

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).

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