En España la lucha política por el uso del agua escasa se ha centrado en la agricultura. Aquí se dedican 4 millones de hectáreas al regadío, igual que en Francia e Italia conjuntamente, dos países que cuentan con más recursos hídricos y precipitaciones más abundantes.

Es lógico, puesto que entre el 70 y el 80% del agua disponible se dedica a esa actividad. La agricultura exige mayores cantidades precisamente donde más escasea, debido a motivos climatológicos: la costa mediterránea y la occidental de Andalucía. 

Proporcionalmente, el turismo consume mucho menos, alrededor de un 13% del total. Sin embargo, el consumo por turista y día de entre los 350 y los 800 litros en función del lugar y el tipo de establecimiento es muy superior al promedio nacional: unos 130 litros/día.

La gran contradicción es que en un país que anda tan escaso de agua, esta sea de las más baratas de Europa.

El problema surge cuando ambas actividades tienen lugar en el mismo espacio geográfico como en los casos señalados. La costa mediterránea, especialmente Alicante y Murcia, produce y exporta grandes cantidades de productos agrícolas y acoge a millones de turistas. La concentración ha producido lamentables deterioros de algunos espacios como el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, cuyas aguas se han ido deteriorando, primero por la presión de la minería, luego por las urbanizaciones turísticas y los puertos deportivos   y finalmente por la puesta en regadío, no siempre legal, de un tercio de la superficie agrícola del Campo de Cartagena, a partir de los años 80 tras el trasvase Tajo Segura. Estas actividades vierten en el agua del Mar Menor el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura extensiva   y las aguas residuales de residentes y turistas. La consecuencia es que, tras los acontecimientos de 2016, 2019 y 2021: sopa verde, mortandad masiva de fauna marina y afloramiento del fitoplancton, se ha producido una eutrofización avanzada del agua difícilmente reversible.

La consecuencia es que el Mar Menor ha dejado de ser un destino atractivo para el turismo.

En las proximidades de Doñana la tensión por el agua necesaria para mantener los humedales del parque es entre los cultivadores de fresa y las instituciones encargadas del parque. Pero hay un tercer participante que no suele aparecer: la urbanización de Matalascañas que llega a acoger hasta 150.00 veraneantes, en los meses de mayor escasez de agua. Alguno de los pozos de los que se abastece están próximos al parque. Abundan las piscinas y los céspedes y hasta se construyó un campo de golf que tuvo que ser abandonado.

España es, de nuevo, el país europeo de mayor capacidad desaladora y de depuración de aguas residuales

A los problemas específicos de esas y otras zonas hay que añadir los que nos afectan a todos: la “pertinaz” sequía, el calentamiento global y su consecuencia, la mayor evaporación.

No hay manera de solucionar el problema a gusto de todos. Los ecologistas y sus aliados proponen olvidarse del desarrollismo y proteger lo que nos queda. Los que tienen intereses en los desarrollos agrícolas y turísticos en las zonas afectadas, desean mejoras técnicas que permitan seguir por la senda contraria. Hay que escoger entre el mantenimiento del planeta o la “hegemonía del beneficio” como señala Edgar Morin.

Las mejoras técnicas propuestas son el aumento del caudal que se pueda obtener gracias a los trasvases desde cuencas con recursos y el mayor uso de plantas desaladoras y depuradoras.

La idea y la necesidad de los trasvases viene de lejos: ya a comienzos del S. XX se crearon las confederaciones hidrográficas que gestionan los recursos. En España se han llevado a cabo 16 grandes trasvases. El más importante, el Tajo Segura se planificó a comienzos de los años 30 del pasado siglo con Indalecio Prieto como ministro de obras públicas y se inauguró en 1979, cuando el ministro del ramo era Joaquín Garrigues también diputado por Murcia. Fue la mayor obra pública realizada hasta entonces. El trasvase llevó riqueza a los agricultores de Murcia y Alicante que, lógicamente desean cada vez más agua.

 La política de trasvases se complementó con la de construcción de presas iniciada con la República y con un acelerón en los años 60-70. España es el país europeo con mayor número de embalses, pero muchos de ellos envejecidos. El nivel actual de las presas está en mínimos.

Los datos para decidir esas políticas se basaban en caudales hidráulicos estacionarios, pero el cambio climático ha hecho que los flujos de los ríos sean ahora más variables y escasos. La pelea por el agua tiene lugar entre las comunidades autónomas que la tienen y las que la desean, independientemente del color político de los gobiernos. El ministerio de transición ecológica se ha visto obligado a implementar la regulación del caudal que se trasvasa, es decir a reducirlo.

La otra manera de obtener agua potable es a través de la desalinización. España es, de nuevo, el país europeo de mayor capacidad desaladora y de depuración de aguas residuales y se planifican y construyen nuevas plantas. Gracias a ellas algunos lugares como Lanzarote- donde se abrió la primera planta desaladora en 1964- pudieron abrirse al turismo. Hoy sigue dependiendo de la desalación para el consumo. En España el agua obtenida por desalación es suficiente para el abastecimiento doméstico de 34 millones de personas, pero tiene otros usos con necesidades elevadas.

Desde el punto de vista tecnológico las plantas son cada vez más eficaces, pero, aun así, perduran varios problemas: el alto consumo de energía y consecuentemente, un precio por metro cúbico que limita la rentabilidad de su uso y la contaminación asociada especialmente por la salmuera generada durante el proceso, aunque ahora algunos científicos aseguran que serviría para producir litio.

Lo lógico es que el precio de la energía se reduzca por la mayor utilización de los recursos renovables. El sol también brilla más en los espacios en los que se juntan agricultura y turismo, pero la oposición de los ecologistas a este tipo de plantas es fuerte.

La gran contradicción es que en un país que anda tan escaso de agua, esta sea de las más baratas de Europa.

Agricultura y turismo ocupan a una gran parte de los fijos discontinuos, es decir: durante varios meses cada año todos pagamos el paro de cientos de miles de trabajadores, en general con salarios bajos cuando trabajan. También coinciden en el alto número de trabajadores extranjeros que trabajan en estas actividades.

La respuesta empresarial es diferente: mientras las principales cadenas hoteleras están apostando por la sostenibilidad los empresarios agrarios no parecen tan preocupados.

Cada vez que hay un avance surge una dificultad. Hemos llegado a un punto en el que hay que escoger entre dos modelos de sociedad muy diferentes.

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).

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