Parece que algunos todavía no se han enterado, pero España lidera a nivel global esta actividad económica desde hace décadas. El abrumador atractivo histórico, patrimonial, cultural, gastronómico y natural del que goza España, hace que la tarea de tratar de revertir esta importante contribución al PIB español del turismo resulte prácticamente imposible.
- El turismo es el sector que más contribuye a nuestro PIB.
- España es el segundo destino mundial en términos de llegadas internacionales.
- A nivel inmobiliario, somos uno de los destinos con mayor atractivo para invertir en hoteles y dentro de España el asset class hotelero es el más demandado por los inversores.
Las administraciones públicas atacan los síntomas y no las causas
Los ayuntamientos, ignorando que España es una potencia mundial en este sector, apuntan a los síntomas negativos más visibles del turismo: la masificación de determinadas zonas y el deterioro en calidad de los centros urbanos.
- Algunos ayuntamientos paralizan la tramitación de licencias hoteleras limitando la libre competencia.
- Otros pretenden limitar el derecho a la libre circulación por la vía pública de los ciudadanos que contraten un servicio de guía turístico.
- En algunas ciudades se ha decidido paralizar la emisión de licencias de apartamentos turísticos.
- Hay destinos españoles que van más allá y anuncian la erradicación total de dichos apartamentos turísticos.
- Existen administraciones públicas que, ignorando la mala imagen que esto transmite, llevan años obligando al cobro de tasas “turísticas” en las recepciones de los hoteles.
- En otros casos se debate solicitar el pago de un impuesto por entrar en el centro histórico de una ciudad, como si se tratase de un parque temático privado.
Con todas estas medidas coercitivas y anti-comerciales, queda evidenciado que los gestores públicos confunden, deliberadamente o no, los síntomas de la situación con las causas que la originan.
En cualquiera de estos escenarios, el resultado práctico de estas medidas se traduce básicamente en un incremento de la presión fiscal sobre los contribuyentes, en beneficio de dichas administraciones públicas (¿quizás sea este realmente el efecto deseado?).
Además, se favorece y/o discrimina a colectivos de manera arbitraria, limitando la libre competencia y generando en última instancia un perjuicio económico a los consumidores.
Por último, la evidencia demuestra que en absolutamente ningún destino de España esta mayor recaudación impositiva se traduce en la erradicación del problema que se pretendía resolver inicialmente. Por supuesto, ello no es óbice para que las administraciones públicas perpetúen esta práctica igualmente.
*Ivar Yuste es socio de la consultora hotelera PHG Hotels & Resorts - Hospitality Consulting, y miembro del consejo de The International Society of Hospitality Consultants
