Opinión

Los árboles turísticos nos impiden ver el bosque del turismo

Algunos medios están preocupados por el crecimiento de la planta hotelera, en vez de preguntarse por la oferta extrahotelera, que es la que verdaderamente ha crecido

Las manifestaciones en Canarias y en Baleares han sacado a la luz el problema de las consecuencias negativas del rápido crecimiento del turismo. Los manifestantes no están en contra del turismo, sino del exceso de turismo que afecta a su calidad de vida y así lo han reconocido las autoridades locales, que han prometido tomar medidas que protejan a la población local.

La historia del turismo español es la historia de un éxito. En los años 60 del pasado siglo, los turoperadores europeos financiaron a los hoteleros locales a cambio de cupos de habitaciones. La necesidad de divisas del régimen primó sobre la protección de las mejores zonas costeras que rápidamente fueron ocupadas. El sistema, aunque minoritario, aún sigue funcionando. Algunos hoteleros mallorquines captaron la oportunidad y, sin perder la conexión con el correspondiente turoperador, se lanzaron a una expansión, primero en la península, después en Canarias y, finalmente, a nivel internacional que les ha convertido en el referente mundial del turismo vacacional.

En los años 80 y 90, la modernización de las infraestructuras de transporte, con la ayuda de fondos procedentes de la UE, permitió un rápido desarrollo potenciado por la magnífica imagen de España como lugar moderno, eficiente y seguro. Por primera vez, en 1987, superamos a Francia y a Italia en ingresos por turismo extranjero.

Durante la “década prodigiosa” (1982-1992) se construyeron decenas de miles de apartamentos en la costa mediterránea para segundas residencias tanto de españoles como de extranjeros, que eran utilizadas solo unas semanas al año. Esa oferta siguió creciendo por las hipotecas baratas hasta la crisis inmobiliaria (2008-2010). El mercado de alquiler vacacional era aún reducido, entre particulares y no se declaraba a hacienda.

La llegada del nuevo siglo trajo consigo una explosión de innovaciones que transformaron el sector turístico en todo el mundo y que alcanzan sus máximos efectos a partir del año 2010, tras la crisis: la utilización masiva de internet, el crecimiento de las compañías de bajo coste tras la liberalización aérea en la UE, la aparición de las agencias de viajes digitales, los teléfonos inteligentes, los medios sociales y las plataformas de reservas de alojamiento entre, particulares, facilitaron que la enorme bolsa de oferta infrautilizada apareciera en el mercado a precios atractivos. El efecto fue inmediato: en la década hasta el año 2019, el número de llegadas de extranjeros creció un 50% desde cifras ya elevadas. Los españoles no se quedaron atrás. Tras el parón de la pandemia hemos regresado al crecimiento desbocado, incluso a pesar de los innumerables factores negativos como el mayor coste de los servicios turísticos, el débil crecimiento económico de nuestros principales clientes, las guerras en Gaza y Ucrania o el desvío a zonas más templadas por el cambio climático.

Todo ha cambiado a un ritmo vertiginoso; sin embargo, la metodología que se usa para saber lo que está pasando es la misma desde hace décadas, con la excepción de la cuenta satélite aprobada por la OMT en el año 2000. Las autoridades nos anuncian que el rápido crecimiento va a permitir terminar el año con cerca de 100 millones de turistas extranjeros, con lo que estaríamos a punto de desbancar a Francia del primer puesto mundial. Se olvidan de que, desde hace años, España es el primer país turístico de Europa por pernoctaciones e ingresos. No mencionan el turismo nacional ni las cifras de los visitantes que no pernoctan, pero son parte del problema de la saturación.

Algunos medios están preocupados por el crecimiento de la planta hotelera hasta 1,9 millones de plazas y se preguntan si eso es compatible con la sostenibilidad, en vez de preguntarse por la oferta extrahotelera, que es la que verdaderamente ha crecido. En realidad, la cifra de 1,9 millones de plazas son las que se ofertan en julio y agosto, que quedan reducidas a 1,1 en enero. En total, hay registradas unas 350.000 viviendas de uso turístico con un millón y medio de plazas. Habría que añadir las que se comercializan ilegalmente. Solo el 60% de los turistas extranjeros se alojan en hoteles, pensiones y similares. El porcentaje es inferior en el caso del turismo nacional. Este año el PIB turístico superará los 200.000 millones, pero la facturación hotelera será del orden de 25.000 millones. Los hoteles no forman parte del problema.

Según la encuesta Egatur, los turistas extranjeros realizaron 10 millones de viajes el año pasado en los que se alojaron en viviendas de su propiedad, en casa de familiares o de amigos, lo que la encuesta denomina “alojamiento de no mercado”. En realidad, en muchos casos sí ha habido trato comercial realizado generalmente en el lugar de origen, predominantemente Gran Bretaña, tanto del arrendador como del arrendatario que evaden sus obligaciones fiscales.

Las cifras globales de número de turistas e ingresos solo sirven para ocultar una realidad más compleja. En realidad, nueve de cada diez turistas nacionales y extranjeros se concentran en menos del 5% de la superficie nacional en un puñado de municipios costeros, con el añadido de Madrid, que son también los que reciben más visitantes de día, como es el caso de Barcelona o Palma.  El número total de turistas y visitantes en toda España en un día de máxima congestión no llega a los 3 millones, no son tantos, pero si nos centramos en los municipios turísticos la presión es importante.

La situación es preocupante. Las medidas restrictivas de la oferta como la decidida por el Consell de Mallorca o la moratoria canaria no alcanzan a la oferta no reglada. En algunos sitios en los que es posible, han decidido limitar el número de turistas, pero esa medida es de imposible ejecución en los grandes destinos.

No podemos aplicar soluciones nacionales o incluso regionales a problemas municipales. Es necesario que los municipios ejerzan el máximo de competencias y que dispongan de la financiación necesaria para ello. Su financiación actual es insuficiente, aunque en muchos casos no ejecuten plenamente el presupuesto del que disponen. Como carecen de capacidad legislativa tienen que ampararse en normas autonómicas o nacionales

La política fiscal es el instrumento más potente con el que cuentan las autoridades para llevar a cabo las políticas que decidan… Las mal llamadas tasas, en realidad impuestos, no son disuasorias, pero nada impide que llegado el caso puedan llegar a serlo. Habría que incrementar la inspección para que no paguen solo los alojados en la oferta reglada.

Algunos prefieren que sea el mercado el que regule la situación. Muchos turistas dejarán de venir expulsados por el exceso de turismo, pero cuando eso empiece a ocurrir será difícil controlar la situación.

Mientras tanto, a las autoridades no se les atragantan las cifras de llegadas, los empresarios están satisfechos con los beneficios y parece que los turistas felices si hacemos caso a los altos índices de repetición.

Los que empiezan a estar descontentos son los residentes de las zonas turísticas, precisamente los que tendrían que sentirse beneficiados, puesto que el turismo, como cualquier otra actividad económica, debería tener como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población local.

 

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Te recomendamos

Ver más