Exceltur, en su último informe de coyuntura, al igual que la CEHAT, se quejan de que la Ley de Vivienda no regule las viviendas de uso turístico (VUTs). Con la recuperación, muchas que habían sido retiradas del mercado han vuelto a ser ofertadas, al tiempo que aparecen otras con diferentes niveles de legalidad en su actividad. Los partidos a la izquierda del PSOE están de acuerdo.

La limitación al precio de los alquileres podría retirar de ese mercado a muchos miles de pisos que pasarían a engrosar las filas de las VUTs. La situación empeora en las denominadas “zonas saturadas”, a pesar de los incentivos fiscales para la bajada de precios. Los propietarios preferirán salir de un mercado tan regulado a otro en el que haya una menor incidencia normativa. Precisamente en esas zonas es donde se concentran las VUTs en las principales ciudades.

También solicitan que el gobierno aproveche la presidencia del Consejo Europeo, durante el segundo semestre del año para liderar la redacción del previsto reglamento europeo sobre esta materia.
 

El gobierno aún no ha contestado. Las buenas relaciones personales entre los dirigentes del Ministerio y los de las principales patronales facilitan al menos la comunicación.

Incluir este asunto en una ley nacional plantea problemas competenciales. La aplicación de la misma dependerá en gran medida de las diferentes CC.AA. y de los ayuntamientos.

La situación actual es compleja. En España hay unos 320.000 pisos que en algún momento han tenido uso turístico. Se ofertan a través de plataformas o de otros intermediarios, con una fuerte concentración en la costa y los archipiélagos. Este mercado funciona ordenadamente.

El problema surge en las principales ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Sevilla y en destinos turísticos saturados como Mallorca e Ibiza.

Los ayuntamientos y algunas CC.AA. han legislado al respecto, imponiendo requisitos, pero la realidad es que, en general, no se cumplen. Por poner un ejemplo en Madrid solo el 2% de los pisos turísticos tienen una salida directa a la calle. En Palma e Ibiza las autoridades locales no cuentan con la necesaria capacidad de inspección. En Barcelona la justicia ha anulado la normativa local e incluso acaba de autorizar la conversión en VUTs de todo un edificio de 120 viviendas.

Desde el año 2018, las plataformas están obligadas a proporcionar a la Agencia Tributaria información sobre la identidad de los propietarios de VUTs y los ingresos que perciben, gracias a lo que han podido controlar varios miles de millones de euros en transacciones. Es probable, sin embargo, que se trate solo de una parte pequeña del volumen total.

Según los datos del INE, algo más de uno de cada diez turistas extranjeros vienen a España a alojarse en casa de amigos o familiares sin abonar por la estancia. Una gran parte han llegado a acuerdos en su país de origen con los propietarios, que no son ni amigos ni familiares, sin que las haciendas de ambos países consigan fiscalizar esos movimientos. En el caso del turismo nacional muchas estancias se pagan en B a través de acuerdos directos.

El problema es demasiado complejo como para dejarlo solo en manos del legislador. Habrá que forzar el cumplimiento de la normativa existente y explorar la vía fiscal.

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).

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