La durísima sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de todo lo construido en la Isla de Valdecañas —un paraje protegido en un embalse de Cáceres— y a restituir el terreno a su estado original está abriendo un debate entre protección del medioambiente y progreso económico, como consecuencia de desarrollos urbanísticos, algunos de ellos con fines turísticos.
El derribo de 185 chalés —muchos habitados desde hace una década—, un hotel, instalaciones deportivas (incluidos un campo de golf y una marina) puede terminar costando a la Junta de Extremadura —responsabilizada directamente en la sentencia— más de 140 millones de euros. Es un verdadero drama judicial que ya ha durado más de 15 años.
Muchos propietarios compraron de buena fe, algunos incluso antes de la designación del paraje como zona de protección de aves, que la gente de la zona consideraba que era poco más que un vertedero.
La denuncia de Ecologistas en Acción y Adenex puso en marcha el proceso que puede estar a punto de terminar a pesar de que la Junta ha señalado su deseo de recurrir al Tribunal Constitucional.
Marina Isla Valdecañas (Cáceres) | Foto: Marina Isla Valdecañas
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya declaró el plan ilegal en 2011 y ordenó paralizar las obras y restaurar los terrenos; sentencia que ratificó el Supremo en 2014. La Junta reaccionó tratando de legalizarlo y declarando la sentencia imposible de ejecutar. El mismo tribunal autonómico aceptó en 2020 no tocar la parte construida y demoler el resto. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya había emitido un informe según el cual era menos dañino la demolición y restauración.
Aunque la sentencia nunca se ejecute —todo es posible— ya ha producido importantes efectos. Ha dañado la credibilidad de la Administración extremeña —con gobiernos tanto del PSOE como del PP—, da prevalencia a la legislación medioambiental sobre la urbanística, no toma en consideración la opinión de los habitantes de los pueblos vecinos, que pierden actividad económica y, sobre todo, manda un aviso que se ha escuchado no solo en España de que no basta con las licencias locales para llevar a cabo ese tipo de proyectos. A partir de ahora, los promotores acentuarán las precauciones y los posibles compradores exigirán mayores garantías.
Los promotores de Elysium City, en la vecina Badajoz, un desarrollo —quizás el más importante en España actualmente—de 1.200 hectáreas con una inversión prevista de unos 15.000 millones de euros, una verdadera ciudad que se beneficiaría de la ley extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO) y que cuenta con el apoyo de la Junta y del Ayuntamiento de Castilblanco, tendrán que convencer a los inversores de que los permisos locales no van a ser impugnados por instancias nacionales.
Proyectode Elysium City, en Badajoz
También se ha conocido la orden de derribo del ya famoso hotel de 20 plantas y 411 habitaciones en la playa del Algarrobico que, desde el auto de paralización de febrero del 2006 de un juzgado de Almería, ha seguido un largo camino procesal. Aunque contaba con una licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras, se había construido en suelo no urbanizable y de especial protección del parque natural Cabo de Gata. Además, incumplía la Ley de Costas, pues parte de este estaba solo 30 metros del agua. Igualmente, fueron grupos ecologistas los que pleitearon con éxito.
El tribunal también rechazó la solicitud de indemnización de 74 millones de euros de los promotores.
Del mismo año 2006 es la sentencia que paralizó la urbanización de 350 viviendas, campo de golf y hotel que invadía el parque natural de Oyambre en San Vicente de la Barquera (Cantabria), un desarrollo que se inició ya en 1989 con el apoyo del Ayuntamiento y con la aprobación de la comisión de urbanismo de Cantabria. Cada vez que el ayuntamiento elaboraba un nuevo plan en respuesta a pronunciamientos judiciales negativos, era de nuevo anulado por la justicia. Parece difícil que el proyecto salga adelante.
Los proyectos de Isla de Valdecañas y de San Vicente de la Barquera nada tienen que ver con el turismo. Son promociones inmobiliarias de segundas viviendas con un gran consumo de recursos naturales y poca repercusión económica por la baja utilización de las propiedades. Parece que esta batalla la está ganando el medioambiente, pero se trata de un enfrentamiento en un escenario marginal. El decisivo se está dando en el Mediterráneo y aquí el medioambiente lleva las de perder.
El caso más llamativo es del Mar Menor, una laguna de 135 kilómetros cuadrados que ya está muerta por debajo de los tres metros como consecuencia de la excesiva construcción desde los años 60 y de la contaminación de las aguas por causa de los fertilizantes usados en la agricultura a partir del trasvase Tajo-Segura.
Situación de contaminación del Mar Menor | Foto: ANSE y WWF
En el Mediterráneo, el calentamiento avanza más rápidamente que en otros lugares. El primer destino turístico mundial con cerca de 400 millones de llegadas al año —la gran piscina del mundo— consume muchos más recursos naturales de los que es capaz de producir. Se está convirtiendo en un basurero marino -plástico y colillas- por el incremento de la población ribereña, de los barcos de recreo y de los cruceros. El exceso de pesca amenaza a la forma tradicional de vida de cientos de miles de personas. El programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente ha llamado la atención repetidamente sin éxito.
En España el 40% de la costa está urbanizada —el 90% en lugares como Marbella—. Harán falta muchas sentencias como las de Valdecañas y el Algarrobico para que entendamos que ya es hora de gestionar el éxito y olvidarnos de seguir creciendo en número de turistas. Algunas comunidades autónomas como las isleñas ya han dado los primeros pasos en esa dirección. Ahora lo importante es proteger el espacio geográfico en el que tenemos que vivir y del que vivimos.
*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).
