Casi la mitad de los turistas extranjeros que visitan Italia lo hacen por motivos “culturales”. Cuenta ese país con un impresionante patrimonio y con ciudades como Venecia, Roma, Florencia... que todo el mundo quiere conocer, pero la lista de ciudades con gran riqueza artística es mucho mayor: Milán, Génova, Bolonia, Pisa, Nápoles, Palermo y un gran etcétera. 

Solo una cuarta parte de los que viajan a ese país se dirigen al mar y a los lagos; en España son dos de cada tres. Más del 60% del turismo extranjero visita el Norte del país, una quinta parte va al centro y solo algo más del 16%, al sur y las islas donde se concentran las mejores playas.

Uno de los motivos del relativamente escaso éxito de ese turismo es la privatización de las playas, que dificulta el uso de estas por los turistas extranjeros al estar copadas por los nacionales.

De los 8.000 kilómetros de costa con que cuenta Italia, 3.325 corresponden a playas de uso privado. Se trata de los espacios más adecuados para el baño. El resto pertenece a lugares de difícil acceso no valorados por el público que quiere bañarse, costa abrupta o zonas protegidas. El origen de esta privatización está en las concesiones otorgadas tras la guerra y transmitidas de padres a hijos. Las playas, como toda la costa, son propiedad del Estado, pero las concesiones se otorgan municipalmente según las normas de cada región.

Actualmente, hay más de 12.000 concesiones activas con una facturación global que supera los 2.000 millones de euros anuales, pero solo pagan al estado unos 100 millones. Flavio Briatore, con una concesión en una playa de La Toscana, reconoce que “siempre se ha pagado poco o nada”.

En algunas playas hay que pagar más de 6.000 euros por verano para poder usar una cabina, un par de hamacas y una sombrilla.

En los lugares más solicitados, como el Lido de Venecia, hay que soltar más de 6.000 euros cada verano por unas hamacas, una sombrilla y una cabina para cambiarse. Están permanentemente reservadas.

Las concesiones se renuevan sin mayores dificultades, incluso se venden bajo cuerda entre los 250 y los 750.000 euros. 

Los concesionarios han formado un poderoso lobby Assobalneari, que usa su influencia política con eficacia frente a las exigencias de la UE de una mayor competencia. Sus argumentos para mantener la actual situación son variados. En el Véneto, por ejemplo, el presidente regional defiende a los concesionarios asegurando que algunos se instalaron y acondicionaron zonas donde había paludismo y malaria, recuperándolas para el uso público. A nivel nacional, proponen aumentar el número de concesiones para cumplir con la exigencia de mayor competencia. Muestran su confianza en la primera ministra. En un alarde de ingenio afirman que el nuevo mapa de la costa que están diseñando y que incluiría zonas que actualmente no están integradas ampliaría la costa italiana hasta los 11.000 kilómetros. Nada menos que 3.000 kilómetros más.

 Una directiva de la Unión Europea decidió en el año 2006 la liberalización del sector servicios, pero los gobiernos italianos no la han aplicado a las concesiones playeras.

En el año 2006, la Unión Europea promulgó la directiva Bolkestein de liberalización del sector servicios que obliga al aumento de la competencia en las concesiones playeras. Pero los sucesivos gobiernos italianos han ido retrasando cualquier decisión al respecto, a pesar de las repetidas llamadas de la UE y de las numerosas sentencias. La UE inició en el 2016 un procedimiento sancionador contra Italia, pero el Gobierno italiano ha conseguido prorrogar la situación. Cada año aseguraba a la UE que procedería a la reforma, la UE sacaba el asunto de los temas urgentes y los italianos esperaban a la siguiente llamada de atención para repetir la jugada.

Se avanzó durante la legislatura de Mario Draghi, que negoció con los partidos aceptar los concursos, pero concediendo puntos extra a los actuales concesionarios.

El actual Gobierno de Meloni, especialmente Salvini y sus aliados, aseguran que las reglas europeas a veces generan incertidumbre política, dado que las playas, según ellos, no son un bien escaso, puesto que las concesiones afectan solo a algo más del 30% de la costa, obviando que es la mayor parte de la costa útil.

Ya hay sentencias que han anulado las prórrogas del pasado año y se esperan más en idéntico sentido en el actual.

En noviembre, la UE amenazó con enviar a Italia al Tribunal de Justicia de la UE si no se adecuaba antes del 16 de enero a las exigencias de la directiva Bolkestein.

El Gobierno de Italia buscó el acuerdo entre los que quieren renovar las concesiones como Salvini y los moderados que buscan el acuerdo con Bruselas.

Pero, una vez más, el Gobierno italiano consiguió ganar tiempo hasta después de las elecciones europeas

En el último momento, Roma solicitó a Bruselas que no remitiera la demanda al Tribual hasta pasadas las elecciones europeas para evitar que este asunto interfiriera en las mismas y para obtener el tiempo necesario para presentar los mapas actualizados con los que pretenden demostrar que no hay “escasez de playas”. Es difícil que en estas condiciones Bruselas se niegue.

No hay duda de que como negociadores son unos maestros. Siempre evitan el conflicto en el último minuto y consiguen extender algún tiempo el inestable equilibrio en el que la vida política italiana vive permanentemente. Que eso limite las posibilidades de mayor captación de turismo internacional parece importar poco.

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).

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