La Fundación Amigos de los Parques de Argentina presentará una acción de amparo contra la modificación de una ley nacional, ordenada por el presidente Mauricio Macri, que arrebata poderes a la Administración de Parques Nacionales (APN), en lo que a la licitación de obras o de negocios turísticos se refiere.
La APN es una entidad que tiene como objetivo, según reseña en su página web, diseñar, conducir y controlar la ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Además, se encarga de analizar o rescindir los proyectos de obra pública o privada, priorizando la integridad e identidad de las áreas naturales protegidas.
Precisamente, tal y como informa Primera Edición, el artículo 6 de la Ley Nacional Nº22.351 estipula que la APN es la encargada de autorizar o rechazar las obras o concesión de negocios turísticos en las áreas que protege, en función del impacto medioambiental que generen. Sin embargo, el presidente Macri arrebató este poder a la administración, para otorgárselo a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del decreto 368/19, firmado el pasado 22 de mayo.
Se trata de un movimiento que ha generado cierto revuelo en la prensa argentina. Y es que, al parecer, escondería diferentes irregularidades, como es la modificación de una ley mediante un decreto. Además, la acción emprendida por el presidente permitiría al Gobierno argentino avanzar en la construcción de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú.
A este respecto, el presidente de la ONG Amigos de los Parques, José Barrios, manifestó que con este decreto “el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego”.
Villa Turística
Barrios agregó que los técnicos e investigadores fueron quienes advirtieron de que “la Villa Turística podría causar un impacto grave en Iguazú” y ahora “los sacan del medio”. Este proyecto, propuesto por el Ejecutivo Central a principios de año, consiste en la construcción de una Villa Turística, dotada de restaurantes, hoteles y comercios dentro del parque nacional, lo que activó todas las alarmas de la comunidad local por el posible impacto ambiental que tendría.