Desde el pasado 1 de enero, el Gobierno de Canarias ya ostenta las competencias sobre sus Costas, encargándose de la gestión y ordenación del litoral; sin embargo, en el archipiélago balear aún tendrán que esperar para que se complete el traspaso.

El pasado 18 de noviembre de 2022, el Govern y el Ministerio de Política Territorial alcanzaron un acuerdo por el que se cederá a Baleares, entre otros, la potestad de autorizar las instalaciones de temporada en el dominio público marítimo-terrestre como los servicios de tumbonas, sombrillas o de chiringuitos, así como la celebración de cursos o conciertos o la determinación de las áreas de fondeo. No obstante, el traspaso de competencias del Gobierno Central al autonómico se hará esperar hasta el próximo 1 de julio.

Tal y como recoge MallorcaDiario.com, esta demora es acogida con malestar por la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de Mallorca (ADOPUMA), quienes consideran que se perjudicará a esta temporada de 2023.

Desde la entidad denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene las competencias para el momento en el que se solicitan las autorizaciones —durante el primer trimestre— y que la cesión llegará en pleno inicio de temporada, lo que puede generar perjuicio a las empresas y anticipa conflictos. A este respecto, señalan su temor a tener que pagar una doble tarifa por operar: el canon de deslinde al Estado y una nueva tasa por actividad al Govern.

 “Los perjudicados, de nuevo, seremos los concesionarios del dominio público marítimo-terrestre, y no estamos dispuestos a asumirlo”, lamenta Jaume Perelló, portavoz de ADOPUMA, quien pronostica que con el nuevo sistema se complica aún más la burocracia y se retrasarán más las tramitaciones.

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