Un año después de ser aprobada la medida estrella del Govern de Islas Baleares contra la oferta ilegal de alquiler vacacional, aún no ha sido aplicada en ningún caso. Se trata del anunciado y celebrado cierre o precinto de dichos pisos turísticos, una norma incluida con el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que salió adelante en octubre del año pasado. Esta norma, que fue anunciada como una “medida estrella” ha sido calificada por la oposición como “medida estrellada”.
No obstante, desde el departamento de Turismo del Consell de Mallorca —del mismo color político que el Govern— explican que no se trata de una clausura instantánea, pero que sí se está proponiendo en los expedientes sancionadores abiertos por el servicio de inspección turística insular. De esta forma, cuando finalizase el expediente abierto, tras los recursos a los que tienen derecho los infractores, se proceda al cese de actividad.
En cuanto a los expedientes sancionadores que sugieren dicha clausura, el titular de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha asegurado que en octubre dará a conocer las campañas llevadas a cabo y los precintos ordenados.
Por su parte, al ser preguntado por Diario de Mallorca, el abogado Javier Blas asegura que “falta más valentía” por parte de la Administración para aplicar este tipo de sanciones. “Tienen la herramienta jurídica”, afirma, al mismo tiempo que advierte que esta medida es más fácil de aplicar que otras propuestas como el corte de suministros a las viviendas que se oferten de manera ilegal.
