La Gran Asamblea Nacional de Turquía aprobó el pasado sábado una reforma constitucional para instaurar una presidencia ejecutiva, a expensas de un referéndum que se celebrará la próxima primavera.

En caso de triunfar el sí, a partir de 2019  el presidente Recep Tayyip Erdogan concentraría la posibilidad durante 10 años de gobernar en base a decretos, controlar el poder ejecutivo y elegir a un tercio del poder judicial. Además de poder suspender el Parlamento del país.

El propio presidente está defendiendo esta reforma constitucional: "La redefinición de las relaciones entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en un contexto de entendimiento democrático no es una pérdida, sino una gran victoria". Erdogan considera estos cambios como un modo de desbloquear la gestión del Estado, actualmente paralizada, según su opinión, por el Parlamento.

Estará por ver si el país mediterráneo realiza un giro hacia un sistema más autoritario que pueda disuadir a los turistas de visitarlos o conferir más seguridad al destino.

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