Sigue la guerra sobre la residencialización del suelo de uso turístico en la que hay dos bandos: uno conformado por el ayuntamiento del principal municipio turístico de Canarias, San Bartolomé de Tirajana/Maspalomas, y el conformado por el Cabildo insular de Gran Canaria y el gobierno autonómico.
Desde la corporación municipal quieren compatibilizar los usos turístico y residencial en complejos de apartamentos, villas y 'bungalows' mediante el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), algo que sería contrario tanto al Plan Insular de Ordenación (PIO) como a la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, ya que ambas establecen la especialización de usos.
Según recoge Canarias7, el director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, se ha mostrado contundente al respecto, aseverando que desde el Ayuntamiento están desoyendo las recomendaciones, sobre todo, en lo que respecta a la ordenanza impulsada para evitar las multas que acechan a los más de 10.000 propietarios que residen actualmente en complejos turísticos.
De hecho, Rodríguez se muestra convencido de que no servirá para frenar las sanciones porque "una ordenanza no puede ir en contra de lo que dice una ley".
