El precio de los pisos en alquiler es cada vez más elevado, fundamentalmente en los centros de los grandes núcleos urbanos, debido al aumento de la demanda. Por ello, algunas formaciones políticas apuestan por establecer un tope y frenar así el coste del arrendamiento, tal y como ha tenido lugar en París y Berlín.
A este respecto, idealista ha analizado las medidas que se han implantado en ambas ciudades europeas, así como su impacto en el mercado. La conclusión principal a la que ha llegado la plataforma de alquiler online es que “los topes que limitaban la subida del precio del alquiler no han funcionado”.
En la capital francesa se aprobó en agosto de 2015 la ‘ley Alur’, que ha sido suspendida en diferentes urbes recientemente. La normativa ponía techo a los precios del alquiler de acuerdo a una serie de parámetros: tipología de vivienda, ubicación y antigüedad. En este sentido, establecía que el casero no podía fijar un precio superior al 20% de la renta de referencia del inmueble, así como tampoco un 30% inferior.
La ley, sin embargo, incluía excepciones. Los propietarios podían sobrepasar el límite del precio fijado si su vivienda contaba con características especiales -algo más difícil de medir-, como portero físico, piscina, buenas vistas, muebles nuevos o luminosidad. En este punto comenzaron los problemas, debido a la picaresca de los arrendadores, ya que un tercio de las ofertas superaba los precios marcados por la normativa y alrededor del 15% de las viviendas que se ofertaban hacía dos años y medio se “evaporaron”. De hecho, más de 10.000 inmuebles dejaron de alquilarse, por decisión de sus propietarios. Por ello, los tribunales decidieron suspender su aplicación en París y en otros puntos calientes como la ciudad de Lille, mientras las condiciones de alquiler “se han endurecido para miles de jóvenes”.
En Berlín, por su parte, entre el 66% y el 95% de las ofertas de pisos de alquiler superan el máximo fijado por la ley, conocida como ‘freno a los alquileres’, que a día de hoy está a la espera de resolución por parte del Tribunal Constitucional federal.
La normativa, que se implantó en 2015, limita la subida de los alquileres al 10% del arrendamiento medio de la zona -en las áreas urbanas denominadas como “tensas”-, siempre y cuando la vivienda no hubiera sido reformada o estuviera vacía. Muchos propietarios berlineses, con una pequeña reforma o mobiliario nuevo, lograron esquivar los controles y librarse así de aplicar dicho límite en los precios. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de esta ley propició la aparición de un nuevo concepto: “provisión”, por el que los inquilinos tienen que abonar entre una o dos mensualidades, que no serán devueltas, para arrendar un piso, así como el importe equivalente a 3 fianzas que sí admite devolución al finalizar el contrato.