Portugal ha aprobado una ley que combate el alojamiento local, más conocido como alquiler de pisos turísticos. La normativa otorga a los ayuntamientos, de forma novedosa, competencias en la materia, ya que hasta ahora era el Ejecutivo central el que se encargaba de ella. 

De esta manera, según ha informado El País, los consistorios lusos podrán prohibir las viviendas vacacionales, multarlas o, en caso contrario, autorizarlas. También, tendrán potestad para regular el número de este tipo de alquileres de acuerdo con la densidad poblacional y las viviendas. 

A su vez, la normativa impone numerosos límites, ya que, por ejemplo, una persona o compañía solo podrá disponer de siete pisos turísticos. Las empresas que en la actualidad superen esta cifra podrán mantenerlos, pero de ninguna manera aumentarlos.  

Los vecinos también han cobrado protagonismo con la nueva ley, ya que las comunidades de vecinos podrán paralizar la apertura de un piso turístico o provocar su cierre, siempre y cuando presenten una justificación que alegue daños en el barrio o molestias a los residentes. Sin embargo, la decisión final siempre correrá a cargo del ayuntamiento. 

En Portugal existen 69.000 alojamiento locales, con un total de 205.000 camas, de las que un tercio se encuentran en Lisboa. Además, este tipo de alojamientos ha generado en el país 1.674 millones de euros, por lo que se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias lusas. De hecho, se estima que en 2020 el sector deje 3.700 millones de euros en el área metropolitana de Lisboa. Por ello, la asociación nacional del sector, ALEP, se ha mostrado muy crítica con la nueva ley. 

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