La pasada semana, entró en vigor la nueva ley sobre alojamiento local (AL) en Portugal, que impone límites al alquiler vacacional estableciendo requisitos como la inscripción de la vivienda en el Registro Nacional de Alojamiento Local (RNAL), cuya licencia debe ser aprobada por los ayuntamientos, que también podrán designar áreas de contención para evitar la gentrificación. 

Según ha informado Expansión, en el caso de incumplir la normativa, las multas serán de 2.500 euros para las personas físicas y entre 25.000 y 40.000 euros para las empresas. Esta ley fue aprobada el pasado julio por el parlamento luso, con ella se pretende regular el alquiler vacacional en las zonas turísticas de Lisboa, Oporto o Algarve, después de que en 2017 este tipo de arrendamiento se disparara un 33% en el país. En total, se estima que existen 70.000 viviendas turísticas en Portugal. 

La normativa otorga a los municipios la posibilidad de declarar zonas de contención para el alquiler vacacional. Los propietarios de estas viviendas, además, deberán tener un seguro y solo podrán explotar un máximo de siete establecimientos. Asimismo, las comunidades de vecinos podrán autorizar este tipo de pisos, así como solicitar su cierre. 

El Ayuntamiento de Lisboa, por su parte, ya ha anunciado la suspensión de nuevos registros de pisos turísticos en los barrios de Madragoa, Castillo, Alfama, Mouraria y Barrio Alto. Y es que, la capital está sufriendo problemas de vivienda debido al volumen de este tipo de pisos.

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