El Ayuntamiento de Venecia (Italia) ha decidido atajar un problema con el que lleva años batallando: el deslizante suelo de vidrio del Ponte della Costituzione (Puente de la Constitución) diseñado por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava.

“No es un puente, es una trampa”, se lamentaba Angelo Xalle, portuario veneciano jubilado, en declaraciones al diario The New York Times. Y es que, desde su inauguración en el año 2008, el moderno e innovador puente, instalado sobre el Gran Canal para unir la estación de trenes de Santa Lucía con la terminal Piazzale Roma, ha representado un peligro de caídas para turistas y vecinos. El suelo de la obra arquitectónica de Calatrava, constituido por placas de vidrio, se convierte en una superficie extremadamente deslizante y resbaladiza con las primeras gotas de lluvia o la humedad inherente a una ciudad rodeada de agua como Venecia.

Debido al riesgo que representa y a la multitud de ‘apaños’ millonarios empleados en él durante los últimos trece años —fue presupuestado en 7 millones de euros y acabó costando más de 11—, el consistorio Veneciano ha optado por sustituir completamente el firme de vidrio, para instalar uno nuevo elaborado con traquita (roca volcánica de alta rugosidad), con un coste aproximado de medio millón de euros.

Obras polémicas

No es la primera vez que se achacan defectos a obras arquitectónicas diseñadas por Santiago Calatrava a lo largo y ancho del mundo. Así, diseños como el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (presupuestada en 95 millones de euros) o el Oculus de Nueva York (intercambiador de transportes del World Trade Center, con un costo de 3.600 millones) han presentado defectos en su estructura a lo largo de los años, con goteras y diferentes problemas técnicos.

Asimismo, Calatrava se ha tenido que enfrentar a multas y demandas por problemas en sus diseños. El propio Tribunal de Cuentas de Venecia lo sancionó en 2019 por negligencia y sobrecostes con una multa de 78.000 euros. Anteriormente, también fue condenado en 2014 por la Justicia de Asturias a pagar una indemnización de 3 millones de euros por defectos y sobrecostes en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo (360 millones).

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