Economía y Política
Destituyen al secretario general de Puertos del Estado por la vinculación con el 'caso Koldo'
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha decidido destituir al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, responsable de la adjudicación de un contrato de 20 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo S.L., empresa en el centro de la trama del conocido como 'caso Koldo'.
Según informa El País, la destitución se hará efectiva el próximo miércoles, una vez tenga lugar la reunión del Consejo de Administración de Puertos del Estado, entidad que se encarga de regular los 46 puertos de interés general existentes en España, donde se reciben gran cantidad turistas a bordo de cruceros (más de 10,5 millones de cruceristas en 2019).
La decisión de relegar a Sánchez Manzanares se produce después de que haya trascendido que este mintió a los investigadores de la Oficina Nacional de Inspección contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en respuesta oficial fechada en septiembre de 2020. "Este organismo público no ha tenido relación alguna con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado", aseveró Sánchez, negando cualquier relación con Soluciones de Gestión y el considerado como comisionista de la trama de cobro de comisiones ilegales por intermediar en la compra de mascarillas por parte de entidades públicas, en la que también está implicado como conseguidor Koldo García, asesor del por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sin embargo, los investigadores han recabado pruebas que le vinculan tanto con Aldama como con García, con quien, según el juez instructor, mantenía "una relación personal y directa".
Y es que, Koldo García fue vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021, coincidiendo en el tiempo con Sánchez Manzanares, quien forma parte de cargos directivos de la empresa pública desde 2009.
Si bien Sánchez Manzanares fue llamado a declarar en calidad de testigo, no ha sido imputado por el juez y tampoco la Fiscalía ha solicitado medidas contra él; no obstante, toda la situación ha desembocado en una "pérdida de confianza" que ha llevado al ministro a ordenar su despido.
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