El Gobierno de España continúa buscando fórmulas para poner coto a la creciente oferta ilegal de pisos turísticos. Si a principios de mes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció multas de hasta 100.000 euros para las plataformas de alquiler turístico con anuncios ilegales, ahora ha sacado a relucir la posibilidad de aplicar el IVA las viviendas vacacionales y que tributen “como cualquier actividad comercial” para frenar el aumento de la oferta.
En una entrevista en Antena 3, Bustinduy ha defendido que si no se aplica el IVA a la vivienda vacacional, se está incentivando su uso. “Lo que tenemos que hacer es incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social”, ha manifestado.
Según el titular de la cartera de Consumo, el 10% del parque inmobiliario en algunas ciudades de España se destina ya a las viviendas de uso turístico, provocando que “suban los precios, las personas jóvenes que no se pueden emancipar, las familias que no tienen acceso a un alquiler y se tengan que ir de las ciudades”.