Ante la activación, mañana jueves 2 de mayo, del artículo III de la ley Helms-Burton, el Gobierno de España ha iniciado una operación diplomática para defender los intereses de las empresas españolas que operan en Cuba. Se suman, pues al posicionamiento de la Unión Europea que aseguró estar dispuesta a entrar en “un ciclo autodestructor de reclamaciones".
A partir de mañana, los ciudadanos y empresas, estadounidenses o cubanos residentes en EE.UU., podrán reclamar ante los tribunales norteamericanos una indemnización por la utilización y beneficio obtenido por las propiedades que les expropiaron en la revolución de 1959. Amparados por el artículo III de la ley Helms-Burton, activada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 17 de abril, propietarios y familiares de propietarios de inmuebles o terrenos expropiados podrán demandar a las empresas que actualmente ocupan o explotan dichos espacios.
Las demandas podrían ser en contra de cualquier empresa extranjera que se haya asociado con una cubana para hacer negocios en la isla y se podrían traducir incluso en confiscaciones en territorio estadounidense.
La defensa de los de intereses de España
Según informa ABC, algunas de las empresas españolas que podrían tener que hacer frente a estos litigios son las hoteleras Meliá, Iberostar, Blau y H10. Y es que las familias Cantero y Sánchez Hill reclamarán una indemnización, puesto que las coporaciones españolas gestionan hoteles en terrenos e inmuebles que supuestamente les pertenecían antes de la revolución.
Diplomáticos españoles en Estados Unidos se han reunido con representantes legales y asesores de las familias que tienen posibilidad de demandar a las empresas españolas. Y es que los inversores españoles controlan el 71% de las habitaciones de hotel cubanas en manos extranjeras.
Asimismo, Josep Borrell y Nadia Calviño, ministros de Exteriores y de Economía, han mantenido reuniones con sus homólogos estadounidenses expresando su oposición a que se inicien estos procedimientos contra empresas españolas.
Las primeras demandas
No obstante, se espera que las dos primeras demandas vayan en contra Carnival Corp. Esta naviera estadounidense reactivó las escalas de cruceros en Cuba en 2016, tras 40 años de inactividad. Javier García Bengoechea, que afirma ser el propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia poseía Havana Docks Corporation, son los litigantes.
