El Tribunal Supremo ha tumbado la "obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos", recogida en el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado en 2017. El fallo del Supremo se debe a que la tramitación de la normativa citada no fue comunicada a la Comisión Europea, tal y como está estipulado. 

Según informa El Mundo, el alto tribunal ha aplicado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso 'Airbnb Ireland', que recoge que una normativa como la anterior, con un artículo como el detallado, "debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez". 

Artículo 54 ter

El artículo 54 ter estipula que los individuos y entidades que ejerzan como intermediarios entre las personas que ceden o se benefician del uso de viviendas con fines turísticos, están "obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien". Asimismo, considera como intermediario a todas las personas o entidades que presten servicios de intermediación, en particular aquellas constituidas como plataformas colaborativas, en este caso Airbnb.

Por otro lado, especifica los datos que se deben presentar en la declaración informativa, entre los que se incluyen la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, la identificación del inmueble, de las personas o entidad que disfrutarían de la vivienda, el número de días en el que iban a permanecer en ella y el importe percibido por el titular cedente de la vivienda. 

Éxito de Airbnb en la UE

Airbnb, considerado el principal impulsor del alquiler vacacional, ganó una batalla judicial a la Asociación de Profesionales Hoteleros y Turísticos de Francia (AhTop) el pasado diciembre, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En concreto, AhTop presentó una demanda para que a Airbnb se le aplicara la ley inmobiliaria francesa (Loi Hoguet), por la que tendría que haberse acogido a una tributación diferente. Sin embargo, el máximo tribunal comunitario falló que Airbnb no debe ser tratada como una compañía inmobiliaria, sino como una plataforma online. 

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