El Gobierno de Canarias se encuentra en plenas negociaciones con los empresarios hoteleros para evitar la avalancha de indemnizaciones millonarias derivadas de la moratoria turística que estuvo vigente desde 2009 a 2013, conocida como la segunda moratoria —le siguió una tercera que actualmente está vigente—.
Según informa La Provincia, esta situación se remonta a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, que otorgaba a los propietarios de suelos urbanos de uso turístico el plazo de un año para solicitar su reclasificación a rústico a cambio de una indemnización. En caso de no hacerlo, se veían obligados a mantener sus proyectos edificatorios paralizados durante al menos cinco años.
La respuesta por parte de los propietarios sobrepasó a la administración autonómica, con 36 expedientes que solicitaron la recalificación a rústico. Sin embargo, pese a seguir el procedimiento, ni los ayuntamientos llevaron a cabo las recalificaciones, ni el Gobierno de Canarias calculó y pagó el justiprecio en compensación. Ante la inacción administrativa, los 36 afectados recurrieron a los tribunales con pleno de sentencias favorables, que pueden suponer un coste de hasta 1.000 millones de euros para las arcas públicas.
Actualmente, el Gobierno canario se encuentra negociando con los empresarios afectados una quita, mientras ya ha avanzado en la recalificación de los suelos mediante la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de los acuerdos de Evaluación Ambiental.
