A finales de julio, el Tribunal Supremo tumbó la obligación que tenían los portales de alquiler vacacional de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos", recogida en el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado en 2017. El Supremo dictaminó que se habían producido errores en la tramitación y, por tanto, invalidó la normativa que obligaba desde 2018 a los portales como Airbnb, Vrbo o Windu a compartir cada trimestre datos sobre la identidad de los propietarios de las viviendas y de los intermediarios encargados de gestionar los alquileres y de los ingresos percibidos.
Ahora, el Ministerio de Hacienda pretende retomar la batalla con el fin de obligar a las plataformas de alquiler de facilitar la citada información fiscal. De momento, la Dirección General de Tributos no ha adoptado una decisión definitiva sobre cómo y cuándo hacerlo, anuncia El Independiente. No obstante, insisten en que no retirará formalmente de su web la obligación de información de los portales hasta que la sentencia no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Pese a que la AEAT mantenga el mensaje en su web, la sentencia deja claro que las plataformas no están obligadas a dar los datos correspondientes al tercer trimestre del año.
La batalla perdida por los hoteleros franceses
Airbnb, considerado el principal impulsor del alquiler vacacional, ya ganó una batalla judicial a la Asociación de Profesionales Hoteleros y Turísticos de Francia (AhTop) el pasado diciembre, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, AhTop presentó una demanda para que a Airbnb se le aplicara la ley inmobiliaria francesa (Loi Hoguet), por la que tendría que haberse acogido a una tributación diferente. Sin embargo, el máximo tribunal comunitario falló que Airbnb no debe ser tratada como una compañía inmobiliaria, sino como una plataforma online. Asimismo, el pasado mes de julio era la segunda vez en menos de tres meses que un tribunal en España declaraba nula una multa impuesta por un gobierno regional a la plataforma de Airbnb.
