Economía y Política
La batalla electoral de Madrid incluye Impuestos al sector turístico
A pesar de que la campaña electoral en la Comunidad de Madrid todavía no ha comenzado —las elecciones se celebran el 4 de mayo—, ya se conocen algunas propuestas de los diferentes programas de los partidos políticos. Los más mediáticos, hasta el momento, son Isabel Ayuso, por parte del Partido Popular, y Pablo Iglesias, el candidato recién anunciado de Podemos.
Precisamente, del programa de la formación morada —aunque no está terminado— ya se conocen algunos detalles, principalmente, en lo relativo a política fiscal y algunos de ellos afectarán directamente a la actividad turística. El plan que prepara Podemos para estas elecciones autonómicas es similar al presentado en 2019, solo que algunas medidas se han adaptado a la nueva realidad pandémica.
- Impuesto turístico: Podemos prevé la creación de un impuesto propio para el sector. La formación asegura que esta tasa iría destinada a generar recursos que garanticen la sostenibilidad de la industria y minimizar el impacto que la actividad pueda causar en zonas de alta concentración —a este impuesto generalmente se le conoce como ‘ecotasa’—. Este será, sin duda, el gravamen que más afectaría a la actividad turística.
- Impuesto a las viviendas vacías de los grandes tenedores: Este impuesto afectará, principalmente a las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias, pero también a las personas jurídicas que tengan al menos 3 viviendas o las personas físicas que tengan mínimo 5, por lo que podría atañer al alquiler vacacional.
- Impuesto sobre el patrimonio inmobiliario de las personas jurídicas: Este impuesto gravará los bienes inmuebles de las personas jurídicas —a excepción de sus sedes o viviendas habituales de participantes de sociedades cooperativas—, por lo que, a falta de concreción por parte de la formación morada, podría afectar también al alquiler vacacional.
Otra medida que quiere implantar el candidato de Podemos en Madrid sería la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción del salario en el sector público madrileño, lo que podría afectar al transporte público de la región. El objetivo de esta decisión sería la creación de más puestos de trabajo.
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