El 1 de enero entró en vigor la Política Agrícola Común (PAC), que deja la puerta abierta a que terrenos de aeropuertos o campos de golf puedan acceder a subvenciones. La reforma, que será revisada en 2020, otorga a cada Estado la capacidad de definir qué activo puede ser receptor de las ayudas. 

En la actualidad, para que este tipo de sociedades puedan percibir las subvenciones tiene que cumplir tres exigencias: que el importe anual de los pagos sea al menos inferior al 5% de los ingresos totales de las actividades no agrarias; que las actividades agrarias no sean insignificantes; y que el objeto principal social sea el ejercicio de la actividad agraria. En el futuro, solo se tendrá que cumplir una de las condiciones. 

La PAC, a su vez, simplifica y flexibiliza la figura del agricultor activo suaviza las exigencias medioambientales, aumenta la ayuda para la incorporación de jóvenes del 25% al 50%, potencia el papel de las organizaciones de productores con el fin de planificar las producciones de los socios para adaptar la oferta a la demanda y reconoce la dehesa como pasto permanente. 

Hoy en día, en España los agricultores prioritarios para la percepción de estas ayudas son aquellos que desarrollan actividad agraria y que al menos un 20% de sus ingresos correspondan a la venta de sus productos. 

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