La Audiencia Provincial de Barcelona está estudiando si admitir a trámite una querella criminal de una asociación de vecinos que alquilan sus pisos a turistas contra Ada Colau y el primer teniente de Alcalde, Gerardo Pisarello; la edil de Urbanismo, Janet Sanz; Gala Pin, concejal del distrito de Ciutat Vella y Mónica Mateos, gerente del mismo distrito, por presunta prevaricación.Los denunciantes, en un escrito de 100 páginas entregado en la Audiencia, sostienen que la alcadesa se extralimitó en sus funciones al legislar sobre las transacciones electrónicas que se amparan en la Directiva de Servicios 123/2006/CE que está en vigor desde hace diez años. Además, señalan que existe discriminación urbanística hacia los propietarios de viviendas de alquiler turístico porque: "Desde 2006 los equipos de gobierno se han ensañado contra los apartamentos para turistas. En cambio, las regulaciones contra los hoteles han sido mucho más laxas". El escrito también pide investigar a Antoni Vives, exteniente de alcade de Hábitat Urbano; Mercé Homs, exconcejal del distrito de Ciutat Vella (CiU) y Ramón García Bragado, responsable de Urbanismo (PSC) electo en 2010, porque sus gobiernos legislaron ad hoc contra los pisos turísticos.