Se abre un nuevo frente contra el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra. El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha abierto diligencias para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

Durante la fase de diligencias previas se forma el sumario y se determina si el hecho denunciado es punible, quiénes son los responsables, quién debe enjuiciar y las circunstancias que afectan al delito.

Según informa El Mundo, el auto determina que estas pesquisas previas afectarán a hasta 15 altos cargos del Gobierno que conforman el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad que gestiona el  Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y que dio el visto bueno a la concesión de ayuda a la aerolínea.

Los denunciantes, Manos Limpias, apuntan directamente a Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI, pero presidente en funciones en el momento del rescate. También consideran como “cooperadores necesarios" al resto de componentes del Consejo en el que se incluyen los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía; seis subsecretarios; un secretario general; un director general y dos jefes de Gabinete.

Desde la SEPI se han comprometido a facilitar el expediente completo de la tramitación de la ayuda pública y a “actuar con la máxima transparencia y rigor”.

Más frentes abiertos

Cabe recordar que este no es el primer frente abierto contra el rescate a Plus Ultra. Este mismo mes, el eurodiputado Luis Garicano, representante por el partido Ciudadanos, hizo una petición formal a la Comisión Europea (CE) para que lo investigue. También la aerolínea Ryanair hizo público recientemente que estaba estudiando la posibilidad de denunciar el rescate ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En España, la Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la petición para abrir una Comisión de Investigación al respecto. No obstante, todas las previsiones apuntan a que dicho proceso, solicitado por el Grupo Popular, no prosperará.

Los principales reproches

Son diferentes los argumentos que han llevado a los diferentes representantes políticos a presentar quejas sobre el rescate estatal a Plus Ultra. La lista de reproches es larga:

• Se cuestiona su españolidad, ya que el 47% de su capital pertenece a empresarios de Venezuela.
• A su vez, se le recrimina que en su accionariado haya empresarios vinculados al Gobierno de Venezuela y que socios de la empresa están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales.
• Se pone en duda su estatus de compañía estratégica, debido al  bajo volumen de vuelos que opera (representan el 0,03% del total en España) y su escasa actividad (opera actualmente solo con uno de sus cuatro aviones) y en 2021 solo ha completado dos vuelos.
• Se recalca que las rutas que ofrece entre Madrid con Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador) ya son cubiertas por otras compañías, por lo que recalcan que no es esencial. Esto no ocurre con la conexión entre Tenerife y Caracas. Se ha llegado a aseverar incluso que el Gobierno de España ha favorecido la creación de un monopolio en dichas conexiones.
• También se han denunciado presuntas presiones por parte del Ministerio de Transporte sobre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que emitiera un informe favorable a la operación. En este caso, AESA ha emitido un comunicado declarando su total carácter independiente y poniendo en valor su labor.

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