El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España remitió a la Comisión Europea (CE) la pasada semana proponía la creación de un impuesto sobre el precio de los billetes de avión.

La medida, con la que se pretenden fomentar medios de transporte menos agresivos con el medioambiente, ha generado especial rechazo entre los dos archipiélagos españoles, Baleares y Canarias. Desde ambos territorios insulares protestan porque el plan no recoge la "lógica excepción que deberían tener las islas, donde no hay más remedio que recurrir al avión", Josep Ferrà, el portavoz adjunto de MÉS per Mallorca.

Ferrà ha reclamado un trato específico para los residentes insulares, ya que para ellos “no hay alternativa” más que utilizar este medio de transporte. Si bien valora positivamente que el impuesto persiga objetivos de sostenibilidad.

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Desde Canarias también han surgido voces críticas. Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, ha recalcado que desde el gobierno regional reclamarán a Moncloa que tenga en cuenta las especificidades del archipiélago.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha recordado la existencia del Régimen Económico y Fiscal (REF) que, en su artículo 4, recoge expresamente que "para ganar competitividad se aplicarán reducciones y bonificaciones sobre las tasas de puertos y aeropuertos". Incide que mantener a Canarias en ese saco “supone un golpe casi mortal a la economía de las Islas”.

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