El Gobierno de Baleares contará la próxima temporada con cinco personas más en su servicio de inspección turística para luchar contra los alquileres turísticos ilegales. Biel Barceló, vicepresidente y conseller de Turismo de Baleares, ha informado que se hará una reorganización de la inspección a través de efectivos humanos centrados en la tramitación de las sanciones y se contará con un sistema informativo para agilizar el proceso. El Gobierno pretende pasar de 700.000 a 7 millones de euros en recaudación por sanciones en Turismo y poner freno a la oferta de alojamiento ilegal con un plan en contra la oferta de este tipo de arrendamientos. Según el conceller de Turismo, "La normativa actual no respondía a las demandas”. Cuando la ley entre en vigor, el Gobierno permitirá el alquiler a turistas en edificios residenciales plurifamiliares aunque con ciertos requisitos: será preciso tener la autorización del resto de propietarios y el arrendador tendrá que exigir la marcha del cliente en menos de 24 horas en caso de problemas. Además, las plataformas como Airbnb solo podrán incluir en su oferta las viviendas que estén inscritas de forma legal en el registro de Turismo. De no ser así, tanto el propietario como las webs se expondrán a multas de un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 40.000. Asimismo, se deja en manos de los consells insulares la definición de zonas en las que se autoriza este tipo de arrendamientos y la densidad máxima de población admitida. Entre las medidas también destaca la posible definición de un nuevo techo de plazas turísticas en cada isla. Para frenar la especulación del uso turístico de las viviendas se establecerán también dos nuevos límites: No se podrán destinar a ello los domicilios de protección oficial y solo se podrán arrendar pisos y casas de más de diez años de antigüedad para evitar inversiones inmobiliarias en zonas residenciales orientadas solo a este fin. Por otra parte, se reclamará servicios de calidad más parecidos a los que ofrecen los hoteles: se deberá tener servicio de atención telefónica durante las 24 horas; se debe limpiar antes de cada nueva entrada, solo se permitirá el arrendamiento en edificios adaptados y todos los inquilinos deberán estar identificados.
Los trabajadores que llegan a Baleares para la temporada turística se están encontrando con enormes dificultades a la hora de encontrar un piso donde vivir. Algunos incluso se están viendo obligados a alojarse en hoteles, pagando precios muy altos y haciendo frente a la ecotasa, aunque no son turistas.
La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma de Benito, ha reconocido que se están dando casos de profesionales que no encuentran vivienda en Mallorca, sobre todo en las zonas más alejadas de Palma. Para solucionarlo, explicó que “se han puesto a disposición de los trabajadores bloques de apartamentos para que puedan alojarse, dignos y que les permiten estar cerca del establecimiento donde trabajan”.
La política culpa de la situación a “la apuesta por la economía de la especulación” que bajo su punto de vista está trayendo “consecuencias nefastas, como la pérdida de talento, ya que hay empleados que no quieren desplazarse a las Islas para trabajar”.
Incluso los policías voluntarios, que forman parte del refuerzo de seguridad durante el verano, se están echando para atrás por estas dificultades, aún cuando perciben una dieta diaria de entre 60 y 70 euros.
