Air Europa ya ha consumido los 475 millones de euros concedidos en noviembre de 2020 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que la compañía deberá amortizar (devolver) en un plazo de 6 años. La aerolínea del grupo Globalia se ha quedado de nuevo sin liquidez y necesita una inyección urgente para mantener la operativa y llegar viva a una posible absorción por parte de IAG —en caso de que finalmente se produzca—.

Tal y como publica Invertia, la aerolínea prevé recibir “un importe adicional con el que solventar sus necesidades de liquidez futuras”. Para ello, tendrá que modificar su solicitud de ayuda anterior.

En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, la aerolínea ha señalado que ya ha consumido los 240 millones correspondientes al préstamo participativo otorgado por la SEPI y que estima que gastará el préstamo ordinario de 235 millones antes del 31 de diciembre de este año.

Dudas sobre la viabilidad

Air Europa ha sufrido con fuerza el impacto del Covid-19, cerrando el 2020 con unas pérdidas de 427,7 millones de euros (en 2019 había obtenido un beneficio de 27,7 millones). La lenta mejora del sector aéreo ha llevado a su auditor de cuentas KPMG a afirmar dudas sobre el futuro de la empresa, apuntando que existe “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

Ryanair anuncia guerra

La posible recepción de una nueva ayuda estatal por parte de Air Europa ha sido recibida por Ryanair con hostilidad. En una rueda de prensa celebrada en Madrid para presentar su calendario de vuelos, el consejero delegado de la compañía irlandesa, Eddie Wilson, ha afirmado que "es difícil de entender que siga invirtiendo en una compañía cuando su negocio ha fallado".

Wilson considera que la aerolínea ya estaba en situación crítica antes de la pandemia y ve innecesario su rescate.

Lo cierto es que la ‘low cost’ ya llevó ante la justicia europea el rescate de la aerolínea española, sin embargo, el organismo comunitario consideró que la operación se ajustaba a derecho.

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