El Govern de Islas Baleares tendrá que pagar 96 millones de euros a la entidad Birdie Son Vida, propiedad del magnate alemán Matthias Kühn, a modo de indemnización por la operación en torno a la urbanización de Muleta II en Sóller (Mallorca). Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que desestima un recurso interpuesto por el gobierno autonómico a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares en 2022.
Tal y como recuerda el diario Última Hora, de acuerdo con la sentencia, el Govern incumplió el acuerdo que mantenía con la citada empresa para recalificar unos terrenos en la localidad. Esto impidió el aprovechamiento urbanístico de 33.959 m², que iban a ser destinados a la construcción de un complejo de 33 villas de lujo con vistas al mar. Según lo pactado, el Ejecutivo iba a cambiar la calificación como suelo rústico protegido a suelo urbano y, por tanto, en el que se puede construir.
La sentencia es definitiva. De hecho, el Supremo ha dejado claro que rechaza que sea necesario abrir un nuevo procedimiento judicial, tal y como reclamaba la Abogacía de la Comunitat. Asimismo, se trata de una de las indemnizaciones más altas jamás impuestas en la historia urbanística balear, tras la de Punta Pedrera en Ibiza (86 millones de euros) y la de Cesgarden en Menorca (28,8 millones). La actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha reconocido que “comprometerá las cuentas de la Administración”.
