Las empresas del chárter náutico de Baleares, es decir, empresas que alquilan embarcaciones de recreo, se han rebelado contra el Govern y su nuevo decreto, con el que pretende regular esta actividad. También se han mostrado contrarias a que el Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) para regular el uso de las rampas de acceso al mar en las instalaciones portuarias que dependen directamente del ejecutivo autonómico.
Fruto de este malestar, nace la Asociación Pymes de Actividades Náuticas de Islas Baleares (Apanib). Para tener poco tiempo de recorrido, la asociación ya cuenta con 75 empresas y autónomos asociados en el conjunto de las Islas Baleares, de las cuales una decena se encuentran en Ibiza y dos en Formentera.
Una de las medidas del Govern que tratan de combatir desde Apanib, es precisamente una que busca frenar la piratería en el chárter náutico, embarcaciones que embarcan, desembarcan y fondean a su antojo. De acuerdo con el decreto, cada embarcación de chárter deberá contar con un punto autorizado para amarrar, fondear, embarcar y desembarcar. Sin embargo, los amarres son pocos y excesivamente caros, lo que dejaría fuera de la actividad a pequeñas o medianas empresas.
Por otro lado, y según ha podido saber Diario de Ibiza, la asociación cuenta con otras batallas —en este caso, contra Ports IB— que se librarán en los tribunales. En primer lugar, Apanib ha denunciado la prohibición del uso de rampas de acceso al mar a las embarcaciones del chárter que no estuvieran autorizadas en 2024, y el procedimiento para licitar el concurso de amarres y rampas de cara a la temporada 2026. “Es gravísimo. Haces una inversión económica para operar, y después Ports de Balears no te deja trabajar”, denuncian.
