Las cuatro compañías de cruceros más grandes del mundo deberán pagar multas millonarias por haber utilizado una terminal ubicada en La Habana (Cuba) entre 2015 y 2019. Las navieras habían sido denunciadas por la empresa Havana Docks Corporation bajo el amparo del artículo III de la Ley Helms-Burton.

Dicho artículo de la Ley Helms-Burton fue reactivado por el Gobierno de Estados Unidos durante la época del presidente Donald Trump, concretamente, en 2017. La norma estipula que los ciudadanos y empresas estadounidenses o cubanos residentes en el país norteamericano, podrán reclamar ante los tribunales una indemnización por la utilización y obtención de beneficios de propiedades que les expropiaron en la revolución cubana de 1959.

Este es el caso de Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que contaba con una concesión en el puerto de La Habana desde 1934, expropiada por el gobierno de Fidel Castro en 1960.

Las navieras sancionadas
 

Tal y como recoge el diario Travel Pulse, las navieras afectadas son las más grandes en cuanto a número de pasajeros, flota y facturación. Se trata de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y una filial del Grupo MSC.

De acuerdo con una sentencia de la jueza federal Beth Bloom, cada una de las compañías deberá hacer frente a una sanción de más de 110 millones de dólares.

Asimismo, el fallo confirma una sentencia de marzo de 2022 que penaba a estas cuatro navieras por participar en el denominado “turismo prohibido”, es decir, transportar turistas estadounidenses a Cuba, algo que prohíben bajo ese concepto y, por tanto, violar las sanciones impuestas a Cuba por parte de Estados Unidos.Y es que los viajes de turismo a Cuba no están todavía autorizados en la legislación actual de los EE.UU. No obstante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro ha publicado licencias generales para 12 categorías de viaje. 

En este sentido y según el citado diario, durante el juicio se presentaron cientos de documentos que prueban que las cuatro compañías de cruceros atracaron en el puerto de La Habana y desembarcaron allí a sus pasajeros. Incluso ofrecieron excursiones al cabaret Tropicana, a la playa y otras actividades que difícilmente encajan en la descripción de “viajes educativos” o “facilitación de contactos persona a personas”, que se encuentran entre las categorías bajo las que Estados Unidos permite los viajes a Cuba. Además, las navieras ingresaron más de 1 millón de dólares y pagaron 138 millones a las autoridades cubanas por dichas actividades.

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