La entrada del sector privado en la gestión de Cabo Rojo, en Pedernales (R. Dominicana) lleva 5 meses estancada en el proceso legislativo. Aunque desde el inicio de su desarrollo se planteó como un proyecto gestionado por una entidad público-privada, hasta el momento, solo el Estado está a cargo del mismo, a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno de República Dominicana lanzó un proyecto de ley que crearía una Corporación Turística Cabo Rojo, que sería la encargada de gestionar el destino con fondos privados. La iniciativa fue aprobada rápidamente en el Senado, pero ahora está atascada en la Cámara de Diputados.
Concretamente, el Senado la aprobó en una segunda lectura en el mismo mes en el que se presentó. No obstante, tras ello, pasó a la Cámara de Diputados, donde debía ser debatida por la Comisión de Turismo. De acuerdo con la información de Diario Libre, el equipo ni siquiera ha leído el proyecto de ley todavía.
Según el proyecto de ley, la Corporación Turística Cabo Rojo se organizaría como una sociedad anónima y estaría adscrita al Ministerio de la Presidencia. Se trataría de una sociedad de capital mixto en la que los fondos del Estado nunca representarán menos del 51%, con el objetivo de evitar su privatización.
