El Tribunal Supremo está poniendo fin a las prácticas irregulares del sector del ‘time sharing’ es decir, a los contratos de régimen compartido por lo que el consumidor no compra él solo su alojamiento, sino que comparte su uso y su propiedad con otros.

Este modelo de multipropiedad empezó a extenderse en España en los años 70, logrando gran desarrollo en Canarias la Costa del Sol, Levante y Cataluña. El principal problema se dio con que el sector se disparó sin la existencia de un marco legislativo que regulara la actividad. Posteriormente con las transposiciones de directivas europeas se fue conformando una normativa que limitaba el sector. Así, aspectos como el plazo de vigencia del contrato y  la indeterminación del objeto fueron siendo definidos, sin embargo, muchas empresas de ‘time sharing’ no han acatado la nueva legislación.

Desde el pasado 2015, el Tribunal Supremo ha declarado nulos 66 contratos de este tipo. En especial, durante el mes de julio se dispararon las sentencias a favor, con hasta una decena. Las principales reclamaciones hacen referencia a “presiones al contratar, incumplimiento de la legislación, irregularidades en las reservas y condiciones, falta de mantenimiento de los resorts, subida de las cuotas de mantenimiento, sometimiento a contratos de perpetuidad e imposibilidad de resolución del contrato en caso de conflicto”, según señala Costaluz Lawyers, un bufete de Algeciras.

Hasta ahora han sido los británicos los que mayor batalla judicial han presentado, sin embargo, la jurisprudencia invita a que muchos otros usuarios como noruegos, belgas o alemanes presenten sus propias demandas. En caso de que el TS considere nulo el contrato suscrito, las empresas se ven obligadas a devolver la cantidad abonada por los propietarios, siendo hasta ahora la más alta los 30.000 euros que tuvo que pagar la empresa Silver Point a una familia británica.

Empresas como Anfi, en Gran Canaria sostienen que no existe ningún tipo de estafa: “No hay estafa. No se actúa en el ámbito penal, sino civil. Hay contratos mutuos firmados por ambas partes y algunos están siendo anulados”. El problema, según señalan desde la compañía es que  “se trata de una situación legal algo complicada”.

Actualmente España cuenta con un millón de familias que optaron por esta modalidad vacacional.