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El holding de Iberia y Vueling se queja a la UE de las "ayudas estatales" a Flybe

IAG, holding de Iberia y Vueling, ha presentado una queja en la Dirección de Competencia de la Unión Europea sobre la “ayuda estatal” brindada a Flybe. Y es que el Gobierno británico alcanzó un acuerdo el pasado miércoles, 15 de enero, con los acreedores de la aerolínea regional para evitar su colapso.

Tal y como reseña TravelMole, el exconsejero delegado del holding, Willie Walsh, manifestó su desacuerdo con la actuación del Ejecutivo británico, al enviar una misiva al secretario de Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, calificando el rescate de Flybe como un "descarado mal uso de los fondos públicos".

Al mismo tiempo, Walsh lamentó que los contribuyentes británicos tengan que pagar la "mala gestión" del consorcio conformado por Virgin Atlantic, Stobart Air y Cyrus Capital, que rescató a la aerolínea regional hace tan solo un año con 117 millones de libras. 

IAG no ha sido el único contrario a la postura del Ejecutivo, ya que las aerolíneas easyJet y Ryanair también han manifestado su oposición. A este respecto, el directo ejecutivo de easyJet, Johan Lundgren, señaló: "Los contribuyentes no deben ser usados para rescatar compañías individuales, especialmente cuando están respaldadas por negocios bien financiados".

Por su parte, desde Ryanair exigieron la realización de "más pruebas" y de forma más "frecuente" en aquellas aerolíneas y operadores turísticos "financieramente débiles para que el contribuyente no tenga que rescatarlos". 

Cabe destacar que, aunque los términos del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Reino Unido y los acreedores de Flybe no han sido revelados al detalle, se presume que la aerolínea contará con un plazo de tres meses para frenar su deuda. Lo que sí se sabe con seguridad es que el consorcio mencionado realizará una inyección de capital y que el Gobierno revisará los impuestos que paga Flybe para poder operar (que ascienden a 224 millones de euros al año, según el diario El Confidencial). Tampoco se descarta la concesión de un préstamo por parte del Ejecutivo.

 

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