Continúa la investigación sobre el rescate estatal de 53 a la aerolínea Plus Ultra, operación sobre la que pesa una acusación de administración desleal de fondos públicos y falseamiento en el cumplimiento de los requisitos. Dentro del proceso abierto por el juzgado de instrucción n.º 15 de Madrid, se celebró esta misma semana un careo entre los peritos independientes designados por la magistrada titular Esperanza Collazos y los de las empresas que asesoraron el rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021, que se saldó con posiciones totalmente opuestas.

Según informa ABC, los peritos independientes designados por el juzgado —el despacho Martín Molina— sostienen que la aerolínea estaba en crisis antes de la pandemia y, por tanto, no cumplía los requisitos para poder acceder al préstamo estatal. Por su parte, los peritos de la SEPI —Deloitte y Daiwa— defienden que la empresa cumplía todas las condiciones para recibir el apoyo financiero.
 

En concreto, el informe elaborado por el despacho Martín Molina recalca que el rescate se sustentó en unas cifras irreales. “Proyecta un importante incremento de la cifra de ingresos, al multiplicar por 2,15 la cifra informada de ingresos del ejercicio 2019 en paralelo a la proyección de importantes reducciones en sus principales costes informados”, incide el citado estudio.

Sin embargo, desde la aerolínea se mantienen tranquilos e inciden en que las objeciones del peritaje independiente son “cuestiones subjetivas”.

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