El pasado viernes se hizo público que Iberia (IAG) había acordado la compra de Air Europa por la que abonará 475 millones (más intereses) al Estado y otros 500 millones de euros, que empezará a pagar en 2026 a la familia Hidalgo. En total, la operación tendrá un coste superior a los 975 millones. Sin embargo, la consumación de la operación está pendiente de las negociaciones entre Iberia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad que prestó el dinero para garantizar la supervivencia de la línea aérea de Globalia.

Si la discusión no llega a buen puerto, podría darse el caso de que el Estado se quede con la sede de 30.000 metros cuadrados que el grupo turístico de los Hidalgo tiene desde 2003 en Llucmajor (Mallorca), según informa El Confidencial. Y es que para asegurarse de que el Estado recuperará los 475 millones prestados, el SEPI exigió garantías a Globalia que terminó presentando varios avales entre los que destacan la citada sede de operaciones, algunos hoteles en República Dominicana y, sobre todo, que se complete la venta a Iberia.

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De hecho, el proceso de compra es el principal motivo por el que el SEPI concedió el préstamo, ya que será la filial de IAG quien asumirá la devolución de la deuda durante los próximos 5 años. Tanta es su importancia que en el momento en que Iberia ejecute la adquisición de Air Europa se rescindirán el resto de avales, garantizando que las oficinas de Llucmajor permanezcan en las manos de los Hidalgo.

Por el momento, la adquisición pende de la citada negociación. Y es que Iberia ha solicitado a la SEPI que renuncie a los dos consejeros a los que tiene derecho por rescatar a Air Europa, así como que levante las restricciones de los límites salariales de los ejecutivos y el veto a ajustes de plantilla.

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