Airbnb tendrá que obedecer la normativa de Cataluña y dejar de anunciar las viviendas que carezcan de número de registro, así como aquellas que lo hagan con un número erróneo o falso. Hasta la fecha, la plataforma de alquiler vacacional solo estaba eliminando los pisos irregulares de la ciudad de Barcelona.
Tal y como informa El Periódico, así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, tras cinco años de pugna legal, ha fallado a favor de la Direcció General de Turisme (DGT) de la Generalitat, que exigía el cumplimiento de la norma por parte de Airbnb. En línea con lo estipulado, la sentencia obliga a la plataforma a eliminar cerca de 12.000 anuncios de viviendas irregulares distribuidas por toda la comunidad.
La DGT realizó este requerimiento en 2013 a las siete principales plataformas de alquiler vacacional. Todas acataron la norma excepto Airbnb, que continuó ofertando viviendas sin número de registro, que es fundamental para ejercer esta actividad bajo el marco legal.
Un año después, Turisme emprendió actuaciones administrativas contra Airbnb Ireland (ABBI, sede en Irlanda) y Airbnb Online Services Spain SL (sede de Barcelona), que en la actualidad se denomina Airbnb Marketing Services (AMS), para que eliminara los anuncios de los pisos sin registrar. Agotada esta vía, la plataforma llevó el caso a los tribunales, alegando que la sede Barcelona no desarrollaba actividades turísticas, sino que se encargaba exclusivamente del marketing local y de operaciones tecnológicas de software, entre otros.
A este respecto, la subdirectora de la DGT, Anna Maria Martínez, aseguró que el Govern "aportó pruebas" de que ambas sedes "actúan de mutuo acuerdo y de que el único accionistas de AMS es la matriz americana de Airbnb INC". Finalmente, el TSJC dio la razón a Turisme.
Por su parte, el director de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, aclaró al diario citado que la entidad no pone en duda los nuevos formatos de negocio turístico, que incluso pueden “generar nuevas oportunidades”, sino que exige el cumplimiento de la ley.
