La entrada en vigor de la nueva Ley Turística de Baleares ha amenazado a los propietarios que oferten sus pisos como alojamientos turísticos sin estar registrados con multas entre 20.000 y 40.000 euros, llevando a muchos a retirar sus ofertas de las plataformas web como Airbnb o Homeaway, pero ¿qué ocurre en el caso de los que tendrán que cancelar estancias ya pactadas?

Estas plataformas web establecen sanciones para aquellos anfitriones que anulen la reserva. En el caso de Airbnb, el propietario debe pagar 85 euros por las anulaciones con un margen inferior a siete días y 43 euros en las de más de siete días. Además, la plataforma publica junto al anuncio un mensaje en el que se indica que el anfitrión ha cancelado la reserva, apareciendo visible para todos los usuarios. En el caso de que se produzcan más de tres cancelaciones, la plataforma directamente suspende la cuenta y retira la oferta.

Por su parte, Homeaway mantiene unas medidas similares aunque en vez de con un precio fijo, sanciona con un 10% del coste de la reserva.

Otro problema derivado se produce y es que los planes de muchos viajeros pueden quedar arruinados en una época en la que no disponen de alternativas alojativas en Baleares, pudiendo darse el caso de turistas que queden en la calle.