María Gibert, gerente de la asociación de Apartamentos Turísticos de Baleares (APTUR), rechaza la idea de que el alquiler turístico sea culpable de la saturación y de la escasez de vivienda en Palma y pide una regulación clara y abierta con el sector. Además, señala que "prohibir la actividad en toda la ciudad es una barbaridad porque se fomentará la economía sumergida, seguirá bajo manga".
El proyecto de ley de alquiler turístico de las islas Baleares no permitirá que se alquilen viviendas de menos de cinco años, establece que sean las comunidades de vecinos las que decidan si se pueden alquilar las viviendas a viajeros, entre otras medidas.
Para la gerente, la ley es un principio de solución al problema pero que “hay unas líneas rojas que no queremos que se traspasen. Creemos que el anteproyecto establece tantos requisitos que hace imposible que una persona pueda alquilar su vivienda como vacacional. Baleares perderá competitividad, criminaliza a los propietarios, perjudicará a miles de trabajadores del sector y va en contra de la demanda de los turistas, que cada vez más apuestan por el turismo vacacional”.
La nueva normativa contempla multas de hasta 40.000 euros para los infractores. Desde Aptur la califican como abusivas y desproporcionadas y ya han notado como ya hay gente que “está quitando sus anuncios de las plataformas on line para no exponerse a sanciones. Están a la expectativa y preocupados, llevan un año escuchando que por fin van a tener seguridad jurídica y ven que el final no llega nunca”.
