Los bares de Baleares tendrán que dar agua del grifo gratis a los turistas. Según ha publicado Diario de Ibiza, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del gobierno regional saldrá a exposición pública esta semana. La normativa prevé aumentar un 50% las cifras de reciclaje y reducir los desechos un 10% en un plazo de dos años.
Reducir los botellines es uno de los objetivos, por ello, la norma obligará a bares y restaurantes a ofrecer a sus clientes agua no envasada gratuita y de ‘forma complementaria' a su oferta.
Asimismo, las administraciones públicas fomentarán la instalación de fuentes potables en los espacios públicos y serán las empresas de las máquinas expendedoras de los edificios oficiales las encargadas de instalar y mantener la fuente gratuita, aunque de forma alternativa podrán comercializar el líquido en botellas reutilizables. En eventos que cuenten con apoyo institucional, como las carreras populares, también se regulará el consumo.
El gobierno a su vez obligará a implantar alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas y vasos de un solo uso. En las celebraciones se deberá contar con un sistema de depósito para evitar que los envases queden tirados en el suelo.
En cuanto a las bolsas de plástico, el ejecutivo quiere quitarlas de la circulación cuanto antes. A partir del 1 de enero de 2019 no se podrán distribuir bolsas de un solo uso. Solo estarán permitidas las de plástico compostable y muy ligeras. También estarán prohibidos los vasos, platos, bandejas, cubiertos y pajitas de plástico a partir de 2020.
También hay lugar para la comida en la nueva normativa. Evitar el despilfarro es otro de los objetivos del gobierno. Los establecimientos tendrán la obligación de facilitar a los clientes, entre ellos viajeros, los restos del menú que no se hayan acabado. Esta medida afectará especialmente a establecimientos hoteleros, especialmente a los 'all inclusive' que tendrán que replantearse su servicio.
Las sanciones leves estarán penadas con multas de 300 a 9.000 euros. En las graves el importe máximo será de 300.000 euros y en las muy graves se podrá llegar hasta los 1,75 millones de multa.
